Agencias. La comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Areli Cano Guadiana, exhortó al Poder Legislativo a definir de manera puntual y eficiente los límites entre lo que es público y lo que es materia de reserva en el ámbito de seguridad nacional.
En el marco de la Semana Nacional de Transparencia, se refirió a la necesidad de reglamentar el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra resoluciones del INAI, por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República cuando considere que se afecta la seguridad nacional.
“La futura Ley Federal de Transparencia, debe posibilitar la construcción del andamiaje institucional, los procedimientos y principios que doten de certeza jurídica y concilien, por una parte, el derecho de acceso a la información pública de las personas, atendiendo a un principio de máxima publicidad, pero también la responsabilidad del Estado de preservar legítima y justificadamente la reserva de la información estratégica de seguridad nacional”.
Al moderar el panel siete “El recurso de revisión en materia de seguridad nacional”, en la que participaron especialistas en el tema, la comisionada Cano Guadiana afirmó que es fundamental que la Suprema Corte tenga una ley específica y detallada para resolver estos recursos de revisión contra resoluciones del INAI, como en todos los procedimientos de control constitucional.
Ángel Trinidad Zaldívar, articulista y experto en materia de acceso a la información, consideró que hay un falso dilema entre la transparencia y la seguridad nacional y que lo necesario es conciliar ambos conceptos a través de criterios claros y precisos.
“Cualquier Estado, cualquier país, tiene derecho a tener secretos, es más es necesario en ocasiones para darle estabilidad al Estado, el problema es determinar cuáles son esos secretos que sí se deben de tener y resolverlos caso por caso”, señaló.
El periodista y académico Leonardo Curzio afirmó que el problema es que hay un concepto muy amplio de lo que es seguridad nacional, y que no hay una frontera definida entre éste y el derecho de acceso a la información.
“El concepto de seguridad nacional que este gobierno de Enrique Peña Nieto planteó, es un concepto que mete prácticamente todos los temas bajo la órbita de seguridad nacional”, afirmó el panelista.
Ana María Salazar Slack, especialista en temas de seguridad nacional, coincidió en que el concepto de seguridad nacional no está definido y no tenerlo claro en la ley genera problemas incluso para los operadores de la seguridad nacional.
“El primer paso es de nuevo retomar este debate de qué es seguridad nacional, hay que legislarlo, urge legislarlo; y dos que al legislarlo esté muy bien vinculado a esta preocupación de transparencia”, recomendó.
Por su parte, Alejandro Madrazo Lajous, investigador del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), manifestó que es necesario detallar el procedimiento del recurso de revisión ante la Corte de resoluciones del INAI, procurando maximizar el derecho de acceso a la información.
“Primero que nada darle entrada al proceso a todas las partes involucradas. El INAI tiene que participar en este procedimiento, porque es una parte interesada, es la autoridad cuya decisión está siendo revisada, pero también al ciudadano cuyo derecho será afectado por la decisión de la Suprema Corte”, propuso.
En el mismo panel, José Raúl Landgrave Fuentes, director general de Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, admitió que la ley desarrolla poco el recurso de revisión y que el concepto de seguridad nacional es complejo y tiene matices.
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