Piden al gobierno dejar la ‘soberbia’ y admitir recomendaciones de la ONU y CIDH

Agencias. El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, llamó al Gobierno Federal a aceptar y cumplir las observaciones hechas por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), así como los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancias que coincidieron en señalar que en México, priva una grave crisis en ese rubro.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) demandó dejar la “soberbia” a un lado y admitir que el país tiene una seria problemática en materia de derechos humanos e impunidad.

El congresista aprovechó para reconocer como adecuado que la Procuraduría General de la República (PGR) haya autorizado que un grupo de expertos internacionales realicen un tercer peritaje en el basurero del municipio guerrerense de Cocula, donde habrían sido incinerados los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el año pasado, ello, de acuerdo a la versión oficial de los hechos.

Expuso que lo sucedido a los normalistas es una afrenta para los ciudadanos, una violación grave a derechos humanos y representa un serio daño a las instituciones; sin embargo se trata de un evento inmerso en el  cúmulo de desapariciones forzadas que se han registrado en México,

Al demandar que se asuman de manera responsable las observaciones del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los planteamientos de la CIDH, recalcó que las cifras reflejan la realidad del país, en tanto que se tiene registro de 151 mil 233 personas asesinadas de diciembre de 2006 al mes de agosto de 2015.

Consideró contradictorio que el Gobierno Federal se resista a admitir el diagnostico de los organismos internacionales,  por otro lado, divulgue que mostró voluntad para invitar a dichas instancias a sumarse a las investigaciones del caso Ayotzinapa.

Pidió no descalificar los informes de la ONU y la CIDH, así como mostrar una mayor apertura a la vigilancia y evaluación internacional, pues de otro modo el problema de las desapariciones en el país no se resolverá.