EFE. El Gobierno mexicano dijo hoy que no tiene nada que ver con la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa y pidió a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que aclaren lo ocurrido esa noche de septiembre de 2014, si es que no fueron quemados en el basurero de Cocula.
“No tenemos absolutamente nada que ocultar” sobre este caso y por ello el Gobierno ha pedido que se extienda seis meses más el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH para investigar el caso, dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Si el GIEI sostiene que los jóvenes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, como lo sostiene la versión oficial, entonces “que nos digan dónde y cómo” ocurrieron los hechos, qué “sucedió exactamente” con los estudiantes de la Normal Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, afirmó.
“Queremos que también nos den las líneas que vamos a investigar y (…) que nos lleven hacia estas conclusiones para podérselas dar todos juntos a los familiares y a todo México”, señaló Osorio Chong, quien agregó que ya “no es solamente decir si estuvo bien o no el proceso”, sino que contribuyan a “encontrar esa verdad”.
“Queremos que la (…) ciudadanía esté con la certidumbre que lo que se ha estado investigando, lo que se ha presentado como pruebas y conclusiones, se apegan exactamente a la verdad”, apuntó tras reconocer que la participación de los expertos de la CIDH da “certeza” a los padres de las víctimas.
El ministro dijo desconocer si el experto en incendios José Torero aceptó la invitación del Gobierno para sumarse a un grupo de especialistas de varios países que realizarán un tercer peritaje al basurero.
Torero, quien hizo un peritaje sobre lo ocurrido en el basurero a petición del GIEI, concluyó que no había evidencias de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula como aseguró la fiscalía general a principios de este año.
El 26 de septiembre de 2014 decenas de estudiantes de escuela para maestros de Ayotzinapa fueron atacados a tiros por policías corruptos en la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, presuntamente por órdenes del entonces alcalde, José Luis Abarca.
Esa noche murieron seis personas, entre ellos tres alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron en el basurero del municipio vecino de Cocula.
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