Tras 21 años buscando justicia, Estado mexicano reparará daño a víctimas en Chiapas

Redacción. Esta semana, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Patrona López Santiz, Paulina Domínguez Gómez, y Carmelina López Santiz, familiares de Severino y Hermelindo Sántiz Gómez, y Sebastián Santiz López las víctimas del caso Ejido Morelia, firmaron con representantes de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y del Gobierno del estado de Chiapas, un Acuerdo de Cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el informe de fondo 48/97 emitido por  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Estado mexicano responderá a la aplicación de “medidas de reparación del daño moral, el daño emergente, la rehabilitación, atención médica y psicológica, disculpas públicas, además de acciones para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad, por la detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial de Severino y Hermelindo Sántiz Gómez, y Sebastián Santiz López”, reporta la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Asimismo, “con la finalidad de honrar la memoria de las víctimas y la lucha de sus familiares por la obtención de justicia, el Estado mexicano se comprometió a construir un parque público en el Ejido Morelia, a través de un procedimiento participativo comunitario”.

En la firma del Acuerdo, además participaron sus representantes legales de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), los abogados probono Siria Oliva Ruíz y el Doctor Miguel Ángel De los Santos Cruz, así como el defensor comunitario del “Ejido Morelia”.

En la ceremonia de firma Petrona López Santiz, viuda de Sebastián Sántiz Gómez, exigió el cumplimiento del Acuerdo para avanzar en la obtención de justicia para su familia, además expuso las terribles condiciones de pobreza y de salud que han vivido en consecuencia de las violaciones a derechos humanos que sufrieron. Finalmente lamentó la ausencia de representación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), cuyos elementos detuvieron y ejecutaron a su esposo.

“Confiamos en que esta firma sea el primer paso del total cumplimiento del Acuerdo, por parte del Estado. Han pasado 21 años desde las recomendaciones de la CIDH, tiempo en el que las víctimas y sus familiares han estado esperando a que se haga justicia. Corresponde ahora a las autoridades avanzar y demostrar que sí es posible garantizar los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos y obtener justicia en México”, señalaron familiares de las víctimas y sus representantes.

El 7 de enero de 1994, agentes del Ejército mexicano penetraron violentamente en la comunidad indígena de Morelia, Municipio de Altamirano, en el estado de Chiapas, irrumpiendo en las casas, sacando a los hombres a golpes, y reuniéndolos en la iglesia y en la cancha de básquetbol del ejido. Les obligaron a tirarse en el suelo con la cara contra el cemento. Mientras los tenían en esas condiciones, los soldados saquearon las casas y las tiendas del poblado, y destruyeron la clínica de atención médica. Tres de los habitantes, Severino y Hermelindo Sántiz Gómez, y Sebastián Santiz López, fueron sacados del grupo, de acuerdo con una lista que tenía un capitán del Ejército, y trasladados a la sacristía de la iglesia, donde fueron torturados y posteriormente subidos a un vehículo militar. El 11 de febrero de 1994, los restos de los tres indígenas fueron encontrados en el camino que une Altamirano con Morelia.

El 18 de febrero de 1998, la CIDH, emitió su informe de fondo en el caso llamado Ejido Morelia, en el cual determinó la responsabilidad del Estado por la detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial de Severino, Hermelindo y Sebastián, y solicitó realizar una investigación rápida, imparcial y efectiva de los hechos, juzgar a los responsables y reparar las consecuencias de las violaciones. La firma del Acuerdo de Cumplimiento tiene como objetivo cumplir con las recomendaciones de dicho informe e iniciar el proceso en materia de reparación integral a las víctimas de los hechos ocurridos en el Ejido Morelia, en 1994.