Acusan al DIF de BC por violaciones a derechos humanos de familia mixe

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Redacción. Un caso de múltiples violaciones a los derechos humanos por parte del DIF Estatal de Baja California, en contra de una familia indígena mixe y su hija víctima de una violación equiparada, fue denunciada por el Centro de Derechos Humanos de Baja California –que apuntaron–, hay deficiencias generalizadas en el sistema para la protección de la familia.

La abogada Sandra Esquer Montoya, dirigente del Centro de Derechos Humanos de Baja California, señaló que Neftali Orozco Domínguez y Minerva Domínguez Pérez son padres de una menor de 9 años quienes resienten las actitudes discriminatorias de las autoridades bajacaifornianas del DIF Estatal.

La activista en favor de los derechos humanos, hizo hincapié en el origen indígena de la familia quienes no tienen pleno conocimiento del español, y desde que se presentó la denuncia por abuso sexual de un familiar –el 18 de septiembre–, hubo problemas en la comunicación, pues en el estado, no hay un interprete mixe.

“Las entrevistas con la menor son supervisadas, no los dejan hablar con su lengua madre que es mixe, no se les permite incluso platicar con ella o abrazarla, esta muy limitado y muy restringido todo. Tuvimos que promover un amparo por toque la estaban torturando, la niña esta infectada de piojos. Hay un brote de piojos en el albergue que no se ha atendido”, estableció.

El padre de la niña mixe –Neftali Orozco–, señaló que pidió un traductor que se le negó, explicaron como pudieron el abuso contra su hija y sin mediar orden judicial alguna, le quitaron a la niña para enviarla al albergue del DIF y a los padres los enviaron a cursos.

Lo más grave es que la Procuraduría del DIF, se niega a entregarla a los padres porque consideran que sus papas no están aptos mentalmente por la forma en que se comunican, dijo Esquer Montoya.

La retención de la niña indígena mixe de 9 años, le ha provocado enfermedades, depresión e incluso las consecuencias de la infestación de piojos, son visitados bajo vigilancia y tardar en el DIF Baja California, hasta cuatro meses para regresarlos al seno familiar, enfatizó la representante del Centro de Derechos Humanos de Baja California.

Ante esto y a falta de investigación de la Policía Ministerial, promovieron un amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito por incomunicación, tortura mental, privación ilegal de la libertad, atentar contra el desarrollo integral de la familia, no darle trato de víctima, discriminación étnica y atentar contra su salud.

(Con información de MVS).