Redacción. Integrantes de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) se pronunciaron en contra de la reforma al artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro, la cual, advirtieron, busca eliminar el requisito de autorización judicial para que los Ministerios Públicos puedan acceder a la localización geográfica de los equipos de comunicación móvil.
En conferencia de prensa, acompañados por los senadores Javier Corral, Zoé Robledo, Alejandro Encinas y Layda Sansores, los integrantes de la R3D presentaron un análisis de la reforma, avalada por las Comisiones de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera, del Senado.
Señalaron que el dictamen pone en riesgo la privacidad de los ciudadanos e incrementa las posibilidades de abuso por parte de la autoridad, ya que incluso podrá acceder a los datos de los usuarios sin necesidad de rendir cuentas a nadie.
En este sentido, Luis Fernando García advirtió que, de aprobarse esta reforma, la persona afectada ni si quiera se podría defender, ya que no tendría conocimiento de que lo que estaría ocurriendo.
De igual forma, la senadora por el PT, Layda Sansores San Román, aseveró que con esta reforma sólo se busca fortalecer el “Estado espía” que tenemos.
Ante esta situación, los integrantes de la Red en Defensa de los Derechos Digitales presentaron una propuesta de modificación para que el texto sea compatible con la Constitución, las normas de derechos humanos establecidas por acuerdos internacionales e incluso las decisiones tomadas por el Senado en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
(Con información de MVS).
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