Redacción. El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos forzosamente hace casi 15 meses, “es un doloroso ejemplo de la crisis de derechos humanos que enfrenta México y ha provocado indignación en todo el país y a nivel internacional”, detallan agrupaciones humanitarias al exhortar al Estado mexicano a una plena colaboración con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Reiteramos la importancia de la plena cooperación del gobierno de México en la investigación del caso, incluyendo la cooperación del ejército mexicano. Seguimos preocupados de que, a pesar de varias solicitudes, el GIEI aún no haya podido entrevistar a los soldados del batallón local, quienes estaban conscientes del ataque contra los estudiantes y presentes en algunas escenas del crimen”, apuntan en un posicionamiento emitido por Amnistía Internacional.
Los defensores recuerdan que el gobierno mexicano, las familias de los estudiantes desaparecidos y representantes legales de las víctimas, acordaron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establecer un grupo de expertos de reconocimiento internacional “para brindar asistencia técnica en la investigación y búsqueda de los estudiantes desaparecidos”. En septiembre de 2015, tras seis meses de trabajo en la investigación, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) emitió un informe extenso en donde expuso sus conclusiones preliminares.
“Los hallazgos de los Expertos resaltaron graves deficiencias en la investigación original del gobierno y refutaron la teoría del gobierno de que los cuerpos de los estudiantes fueron quemados en un basurero local. El informe también pidió que se abran nuevas líneas de investigación y que se continúe la búsqueda de los estudiantes desaparecidos”.
Las organizaciones expresan apoyo pleno a la labor del GIEI, integrado por cinco expertos independientes, reconocidos a nivel internacional en las áreas de la investigación penal, derechos humanos y la atención a las víctimas: Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz, y Alejandro Valencia Villa.
Asimismo, los grupos reconocen que el gobierno mexicano haya transferido el caso a la autoridad de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República y que se esté formando un nuevo equipo de investigadores para trabajar junto con el GIEI, solicitudes que los Expertos hicieron con el fin de poder continuar con su importante labor.
“A medida que la investigación avanza, el gobierno mexicano tiene una nueva oportunidad de mostrar liderazgo y apoyo en el caso de los 43 desaparecidos estudiantes mediante la cooperación con el GIEI y la garantía de que el nuevo equipo de investigadores de la Subprocuraduría de Derechos Humanos está equipado con los recursos humanos y financieros necesarios para cumplir eficazmente su trabajo, apuntan Amnistía International; Brigadas Internacionales de Paz (PBI); el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Conectas Human Rights; la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF); JASS (Asociadas por lo Justo); la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Robert F. Kennedy Human Rights.
“El apoyo del gobierno mexicano para la investigación y el GIEI demostrará su nivel de compromiso para lograr la verdad y la justicia en este caso emblemático y para avanzar la protección de los derechos humanos en el país”, concluyen.
(Con información de MVS)
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