Notimex. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acordaron acciones para fortalecer la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la protección de datos personales.
El convenio fue firmado por la comisionada presidente del INAI, Ximena Puente de la Mora, y el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez.
Las instituciones se comprometieron a capacitar al personal de la ASF en esos temas para compartir buenas prácticas y promover el cumplimiento de la Ley General de Transparencia y de las disposiciones para la clasificación de archivos.
Puente de la Mora afirmó que este convenio brinda el marco propicio para construir mecanismos de colaboración con la ASF en la tarea de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información en el país.
Planteó que la ASF cuenta con un rol protagónico al interior del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), al que contribuye con la generación de información de calidad, veraz y oportuna.
“Contribuye también al restablecimiento de la confianza de las y los ciudadanos en sus instituciones mediante el oportuno cumplimiento de sus atribuciones de fiscalización de los recursos públicos y la promoción de la rendición de cuentas entre las instituciones de la Administración Pública Federal”, sostuvo en un comunicado.
Señaló que aún hay muchos retos por afrontar de cara al cumplimiento del mandato constitucional de garantizar el pleno e igualitario ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales.
“No obstante, en el INAI contamos con la voluntad y sólida estrategia de política pública que ha exhibido la Auditoría Superior de la Federación, para continuar fortaleciendo la transparencia como un elemento fundamental de la vida democrática en nuestro país”, subrayó.
A su vez, Juan Manuel Portal aseguró que todo lo que puedan hacer en materia de transparencia y rendición de cuentas se traducirá necesariamente en mejores entornos de gobernanza, con ello, “nos acercamos a cumplir el objetivo de que la actuación del Estado realmente se ejerza en función de los intereses de la sociedad”.
Además se pronunció a favor de dejar atrás la concepción de que el acatamiento de normas que permitan un escrutinio más profundo de la sociedad acerca de la acción gubernamental puede representar un riesgo.
“La discrecionalidad de la autoridad, la secrecía en el uso de los recursos que les son confiados, la opacidad en cuanto a su toma de decisiones son los verdaderos riesgos que se deben de eliminar, puesto que representan un espacio propicio a la corrupción y el uso patrimonialista de los cargos públicos”, precisó.
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