Notimex.- Con el fin de mejorar la seguridad en las instituciones bancarias, el senador Benjamín Robles Montoya propuso facultar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para supervisar y verificar que las sucursales bancarias cumplan con las medidas de seguridad que establece la Ley de Instituciones de Crédito.
Además planteó que dicha supervisión se lleve a cabo por lo menos una vez al año con personal debidamente capacitado, además de establecer la obligación de la autoridad de suspender las actividades de las sucursales que no cumplan con los requisitos al momento de su revisión.
Argumentó que con las modificaciones a dos artículos de la Ley Instituciones de Crédito, y uno de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se eliminaría la discrecionalidad que existe en los tiempos para la verificación de sucursales.
“Al aprobar estas reformas sin duda se estaría avanzando en la generación de condiciones de seguridad para los bancos, para sus instalaciones, pero sobre todo para el público que a diario asiste a ellas lo pueda hacer con mayor tranquilidad”, expuso.
Robles Montoya recordó que actualmente la Ley de Instituciones de Crédito sólo menciona de forma general el establecimiento de medidas básicas de seguridad y la instalación de dispositivos, mecanismos y equipo indispensable sin mencionar las especificaciones de este equipo.
“Ante los hechos de violencia y los altos índices de criminalidad, se debe atacar la problemática de una manera frontal y enérgica; no podemos esperar más en este contexto”, aseveró el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En este sentido, aseguró que la verificación de medidas de seguridad en sucursales bancarias que debe hacer la autoridad correspondiente requiere de una supervisión muy especializada y por ello las personas que la realizan deben recibir capacitación.
Destacó que no sólo se trata de verificar si una sucursal cuenta con cámaras de video o alarmas, sino que se debe revisar dónde están colocadas, el funcionamiento, el mantenimiento y, en el caso de las video-grabaciones, el lugar y condiciones en las que se guardan y la fecha en que se destruyen.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictaminación.
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