Comunicado Oficial. Diputados de distintos grupos parlamentarios presentaron al Pleno de la Permanente cuatro iniciativas de reforma sobre diversos tópicos, entre ellos, tipificar la violencia feminicida en las normas mexicanas y asegurar bienestar nutricional a las mujeres.
También, crear una Ley para la Inclusión Digital que aumente el acceso de los mexicanos al internet, además de establecer requerimientos que deben cumplir quienes aspiren a obtener el cargo de supervisor docente en el Sistema Educativo Nacional.
Muchos asesinatos de mujeres no han sido tipificados como violencia feminicida
La diputada Araceli Rodríguez Hernández (PRI) planteó a la asamblea incluir en el Código Penal Federal y la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, el término “violencia feminicida” para poner en marcha protocolos y planes de acción que garanticen seguridad, integridad física, sexual y emocional de las mujeres que mejoren el libre ejercicio de sus derechos fundamentales, y evitar que sean víctimas de muerte violenta.
Hizo un llamado a considerar esta enmienda ya que “muchos homicidios dolosos no han sido tipificados como violencia feminicida al no existir esta figura en las leyes”.
De acuerdo al Inegi, entre 2008 y 2013 en Veracruz se cometieron 607 homicidios dolosos contra mujeres; en Michoacán, de 2006 a 2014, se registraron 719 muertes de mujeres, 712 por homicidios dolosos y siete se catalogaron como feminicidios, destacó. La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia y de Seguridad Pública para su análisis y dictaminación.
Proponen ley para acelerar la inclusión digital en México
María Eloísa Talavera Hernández (PAN) propuso crear la Ley para la Inclusión Digital Universal con el objetivo coordinar e integrar las acciones del sector público, la iniciativa privada y la sociedad civil, para acelerar el desarrollo de la sociedad de la información en México, donde el incremento de usuarios de internet ha sido poco significativo: sólo 1.3 por ciento de 2013 a 2014, según el Inegi.
La iniciativa -turnada a las comisiones de Comunicaciones y de Gobernación- precisa que la norma integraría los principios que debe observar la política de inclusión digital universal, tales como no discriminación, disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, equidad, calidad, eficiencia, y derecho a la información, además de mandatar la creación de un Sistema y una Estrategia nacionales para supervisar estos cometidos.
Embarazo constituye periodo de alta vulnerabilidad nutricional de mujeres
Por Movimiento Ciudadano, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco expuso su iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para incluir la obligación de las autoridades del rubro a dar seguimiento y apoyo nutricional a mujeres durante todo su embarazo, ya que este periodo constituye una de las etapas de mayor vulnerabilidad donde aumentan sus necesidades alimentarias y condicionan el bienestar del bebé.
Al fundamentar la propuesta –enviada a la Comisión de Salud- subrayó que en México, de 1990 a 2011 fallecieron 28 mil 42 mujeres por complicaciones durante el embarazo, aborto, parto o puerperio. “La nutrición de la mujer juega un papel importante durante su gestación pues se pueden prevenir no sólo las muertes maternas, sino enfermedades posteriores, muertes infantiles, o enfermedades de los niños recién nacidos”, subrayó.
Establecer requisitos indispensables para aspirar a cargo de supervisor escolar
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (Nueva Alianza), planteó establecer en la Ley General del Servicio Profesional Docente, las características que deben cumplir quienes aspiren a cargos de supervisión escolar: además de dos años de experiencia docente, cuatro como director de un plantel educativo, y transitar por un periodo de inducción y orientación antes de asumir el cargo.
Recordó que la ley en comento no prevé estos requerimientos ni medidas de evaluación, por ello “existe la necesidad de rectificarla, a fin de contar con personal altamente capacitado, habilidades comprobadas y experiencia suficiente para desempeñar la enorme responsabilidad de ser la máxima autoridad educativa de una zona escolar”. Su iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación y Servicios Educativos para su análisis.
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