Indígenas sufren violencia y las encarcelan

Patricia Chandomí. Debido a la presión social y ciudadana, el 10 de febrero a las 3:20 horas fue liberada del penal 5 de San Cristóbal de Las Casas, Margarita López, luego de permanecer siete años injustamente en prisión. Ésta es su historia.

Violentadas y criminalizadas, las mujeres indígenas en el estado de Chiapas tienen que lidiar contra el machismo del que son víctimas todos los días, y además padecer un “sistema de justicia” que las excluye por ser pobres y no hablar español.

La historia de Margarita López Gómez, su hija Sonia, y de Juana Santiz Méndez, es el botón de muestra del calvario de violencia e impunidad que padecen cotidianamente las indígenas chiapanecas.

En octubre de 2004 Margarita denunció ante el Ministerio Público (MP) de Chiapa de Corzo a su esposo, Juan Velasco López, por violencia intrafamiliar.

El MP se limitó a tomarle su declaración con ayuda de un traductor; como la indígena era monolingüe con señas le dijeron que ya habían levantado el acta, y que si “pasaba cualquier cosa quedaría un antecedente”.

Sin infancia. Margarita fue “apartada” por Juan a los 11 años de edad por 10 botellas de alcohol que éste entregó a su padre, para obligarla a casarse con él un año después en el paraje Tojchuctik, municipio de Mitontic, uno de los más pobres y marginados de Chiapas.

La pareja se fue a buscar trabajo al municipio de Venustiano Carranza; ahí rentaron un cuarto, y a los dos meses de vivir con su esposo, Margarita acudió a sus autoridades tradicionales en Mitontic, para denunciar los maltratos de Juan, quien la golpeaba a diario.

Sin el apoyo de las autoridades y de su familia, la cual le dice “que es su marido y se debe aguantar”, la niña de 12 años regresó a vivir con su esposo, quien consigue trabajo de capataz en un rancho.

Poligamia. Al poco tiempo, Juan se consiguió otra mujer: Juana Santiz Méndez, originaria de Betania, municipio de Teopisca, a quien lleva a vivir al mismo domicilio de Margarita, en el rancho Chincuyal. Juan procrea con cada una seis hijos.

Margarita acudió de nuevo con el juez de paz de su comunidad en Mitontic, para denunciar los golpes de Juan un par de veces más sin tener mayor respuesta.

La situación de la familia se agravó luego de que Sonia, hija mayor de Margarita, fue violada a los ocho años de edad. A los 12 años tuvo una hija derivado de las constantes violaciones sexuales de su padre.

“Yo le preguntaba a mi hija ‘¿de quién es ese hijo?’, y ella me dijo: ‘un hombre me agarró en el monte cuando iba al río’, pero yo no estaba contenta con esa respuesta, porque Juan no la dejaba salir a ninguna parte”, narró la indígena a Cimacnoticias.

Margarita empezó a sospechar. Un día, platicando con una vecina en un incipiente español, le preguntó si sabía de algún hombre violador, a lo que ella respondió: ‘Aquí no tenemos esas costumbres, no será que a su hija la agarró su marido”.

“Desde ahí me entró la duda y una vez obligué a mi hija que me confesara de quien era el hijo y salió cierto que el hijo era de Juan, pero cuando intenté reclamarle casi me mata, ese día nos pegó a puras patadas a las tres”, relató Margarita.

A pesar de los reclamos, Juan siguió violando a Sonia al año y medio de haber tenido a su primera hija. Sonia volvió a quedar embarazada de su padre.

Justicia por propia mano. A los 15 años, Sonia llevaba siete de violaciones constantes de parte de su padre, dos hijos no deseados, vivía aislada y era golpeada con peor salvajismo, sobre todo cuando se negaba a tener relaciones sexuales con su padre.

“Un día yo bajé a lavar ropa al río, y vi a lo lejos cómo mi papá le quitaba la ropa a mi hermanita de cinco años y cómo la empezaba a manosear; sentí una cosa tan fea en todo el cuerpo, una impotencia, una rabia, un enojo, que me juré que mi hermanita no pasaría lo mismo que yo”, contó Sonia.

Ese mismo día por la noche, Juan llegó directamente a golpear a Juana y a Margarita, quien para ese entonces ya había sido orillada al alcoholismo por su marido.

Esa noche del 23 de enero de 2005, a sus 15 años de edad, Sonia no tuvo duda: fue al fogón, tomó un leño y acabó a golpes a su violador y al torturador de su madre.

Margarita, Juana y Sonia se fueron con los 14 niños; Juana se fue a la cabecera municipal de Carranza con sus seis hijos; Margarita y Sonia regresaron a Mitontic.

Juana llegó con la familia de Juan para ver si el fallecido tenía alguna herencia. Así fue que los familiares se enteraron que Juan había muerto y llevaron a la mujer ante las autoridades locales. Juana terminó confesando la historia.

Acusadas. El juez de paz mandó a llamar a Margarita y a Sonia, quienes aceptaron los hechos. Las tres mujeres fueron apresadas. El magistrado de la Sala Regional Colegiada en materia penal zona 01, sentenció a Margarita como culpable del delito de homicidio calificado.

Juana fue encarcelada por encubrimiento y Sonia trasladada al Centro de Readaptación para Menores Villa Crisol. La adolescente pasó dos años y medio de su vida en este lugar y luego salió libre.

Margarita fue enviada a la cárcel preventiva de Carranza con una sentencia de 15 años; permaneció casi cuatro. En 2008 fue trasladada al penal 5 de San Cristóbal de Las Casas.

Margarita se embarazó en la cárcel. En 2009, por intervención del Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), se apeló su sentencia y quedó por 11 años y ocho meses, pese a que nunca se acreditó su participación en la muerte de Juan.

La indígena ya cumplió más del 60 por ciento de su sentencia al llevar siete años presa, sin poder ver a sus hijos que están bajo el cuidado de su anciana madre, quien también vive violencia.

“Me preocupan mis hijitos, me preocupa que ya no puedo recordar bien sus caritas, me preocupa que no tenemos tierras, que mis papás son viejos y pobres y no sé que vaya a ser de mis hijos”, dijo Margarita en un español que empieza a ser fluido.

Sonia vive en otro municipio y cuida de sus hijas, producto de la violación, de un hijo que tiene con su actual pareja, y de la niña que su mamá tuvo en la cárcel.

Discriminación del estado. Rosa López Santis, indígena tzotzil trilingüe, defensora popular de derechos humanos del CDMCH, lleva el caso de Margarita, asentado en la causa penal 30/2005 y radicada en el Juzgado Mixto de la Primera Instancia de Venustiano Carranza.

Por su gestión, a Margarita ya le concedieron la suspensión de la sentencia, pero para salir libre necesita pagar una fianza por 34 mil 799 pesos, dinero del que carece.

El caso de Margarita está en la mesa de reconciliación y revisión de expedientes del gobierno de Chiapas con el número 379/MR/2010, y la defensa, a cargo de López Santis, apela a que el gobierno del estado asuma el pago de la fianza.

“Este caso ilustra el nivel de discriminación y violencia hacia las mujeres de parte del estado, hay una discriminación por ser indígenas, pobres, monolingües y analfabetas; existe un racismo de las autoridades, deficiencias en la impartición de justicia, la historia de estas tres mujeres no debe volver a repetirse nunca”, enfatizó la defensora.