Pide PRD armonizar leyes estatales en materia de protección a menores

Agencias. El líder parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez, convocó a los gobiernos y congresos de los estados de la República a armonizar y adecuar sus respectivos ordenamientos, conforme a la Ley General de Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), a fin de garantizar el pleno respeto y promoción de los derechos de los infantes.

El legislador recordó que en el país, el 37 por ciento de la población son niñas, niños y adolescentes, de modo que al menos 41 millones de mexicanos tienen menos de 18 años de edad, lo que obliga al Estado a cumplir sus responsabilidades en esa materia.

Martínez Neri añadió que para hacer efectivas dichas disposiciones, es necesario destinar recursos al Sistema Nacional de Protección Integral y los Sistemas Locales y Municipales de Protección; y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

El también integrante de la Comisión de Educación en San Lázaro recordó que la Ley General de los Derechos de la niñez entró en vigor en 2014, y fue impulsada para combatir delitos cometidos contra ese grupo poblacional, como la pederastia, abuso sexual, maltrato; así como para restringir el matrimonio adolescente y cumplir con las normas internacionales en la materia.

“En este ordenamiento se suscribe la creación del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que tiene como propósito que los menores acusados de algún delito tengan acceso a un proceso equilibrado, en el que se respeten sus derechos y en caso de resultar responsables puedan completar su sentencia en un ambiente que promueva su reintegración social y familiar”, agregó.

Añadió que es necesario instalar a nivel federal y estatal, las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; de igual modo, hace falta reforzar la coordinación entre los tres niveles de gobierno, para que se asignen los recursos indispensables que permitan poner en marcha dichas instancias y que éstas garanticen los derechos de los menores.

Enfatizó que México y las autoridades de los tres niveles de gobierno deben atender las recomendaciones de la UNICEF, como la de armonizar la Ley General de Educación con la Ley en materia de derechos, esto, para que las políticas públicas educativas tengan como eje el interés superior de la niñez. Puntualizó que la UNICEF también ha planteado la necesidad de promover la participación social en educación y un modelo vinculante que integre a padres de familia y la sociedad civil en su conjunto.

Asimismo, recalcó, hace falta fortalecer las facultades y obligaciones de las autoridades educativas en la Ley General de Educación, para que se cumpla sin falta la Ley General de Derechos de la infancia.