Agencias. Senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios presentaron una iniciativa con proyecto de decreto para que el 21 de marzo sea declarado “Día Nacional del Síndrome de Down”, con el propósito de crear conciencia entre los ciudadanos sobre la importancia de contar con políticas de inclusión de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, de manera específica, el Síndrome de Down.
La senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Marina Gómez del Campo Gurza, a nombre de los legisladores que suscriben la iniciativa, resaltó en tribuna la necesidad de concientizar a la población de lo que significa este padecimiento; indicó que existe el reto de crear condiciones integrales para erradicar la discriminación, la segregación, el maltrato físico y psicológico de las que son objeto estas personas.
Gómez del Campo Gurza sostuvo que a los senadores les preocupa que el 31 por ciento de las personas con discapacidad en México no sean derechohabientes de un sistema de seguridad; que el país cuente sólo con 87 médicos que tienen algún tipo de capacidad o especialidad en materia de Síndrome de Down, pero que ninguno de ellos se ocupe en el sector público.
Subrayó que si se habla de educación, el panorama tampoco es favorable para ellos, a pesar de que hay un avance en el programa de fortalecimiento de educación especial y de la integración educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que desde 2012 atiende a 91 mil 700 personas con algún tipo de discapacidad intelectual.
Expuso que dentro de este rubro, el Censo de 2010 reporta que de cada 100 personas con discapacidad ocupadas, 22 lo hacen como trabajadoras en actividades de apoyo, 18 son trabajadores agrícolas, 16 laboran en tareas de comercio o ventas, 14 son artesanos, diez profesionistas y técnicos, ocho realizan tareas de servicios personales y vigilancia, seis trabajan como operadores de maquinaria, tres como auxiliares administrativos y dos son funcionarios, directores o jefes.
En lo que respecta al tema del empleo, la senadora subrayó que pareciera que padecer algún tipo de discapacidad en México condena a esa persona a vivir marginado de toda oportunidad laboral o de crecimiento, por lo que se pronunció a favor de terminar con esta práctica.
Detalló que en dicho Censo, se señala que 14 por ciento de la población con discapacidad ocupada no recibe ingresos por su trabajo, 18.7 por ciento gana menos de un salario mínimo mensual (SMM); 24.9 por ciento, de uno a menos de 2 SMM; y 16.5 por ciento de 2 a menos de 3 SMM.
Mientras que el 11.2 por ciento de tres a menos de cinco SMM; cinco por ciento, de cinco a menos de diez SMM; dos por ciento, diez y más SMM y solo siete por ciento de las personas con discapacidad reciben más de cinco SMM, y aproximadamente 44 por ciento ganan al mes menos de tres mil 448 pesos o de tres mil 268 pesos.
La legisladora expuso que, en mayo de 2012, la empresa Parametría publicó una encuesta en la que se mencionaba que 87 por ciento de los mexicanos había escuchado hablar sobre el Síndrome de Down; 56 por ciento conocía a una persona con Síndrome de Down; 86 por ciento de los encuestados está de acuerdo con una integración total, mientras que sólo cinco por ciento está en desacuerdo.
Precisó que 91 por ciento de los encuestados dijo no tener ningún inconveniente en convivir en la casa o en el trabajo con una persona con Síndrome de Down, mientras siete por ciento dijo no estar de acuerdo en convivir, por lo que cuestionó el por qué seguimos viendo discriminación y rechazo y por qué las autoridades se hacen de la vista gorda, por qué las empresas siguen reticentes para abrirse a las personas con estas condiciones y no se les da la oportunidad de poder tener un empleo digno.
Señaló que en el país se estima un caso de Síndrome de Down por cada 650 recién nacidos, de acuerdo con datos del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud.
Invitó a los legisladores a potenciar la campaña “Diferentes pero Iguales” a favor de las personas con Síndrome de Down y que se comprometan a generar conciencia y a ver por el bienestar de ellas.
La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.
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