Agencias. El Comité Central de Transparencia y Legalidad para el Blindaje Electoral y los Comités Preventivos de Blindaje Electoral, realizó una sesión de seguimiento para echar a andar las acciones que den cumplimiento al marco normativo constitucional y legal en materia de suspensión de propaganda gubernamental y aplicación imparcial de los recursos públicos durante los procesos electorales.
“Estas directrices se deberán acatar de manera estricta y sin excepción en todos aquellos estados donde se realizarán elecciones en el 2016”, para garantizar que “ninguno de los programas sociales sea utilizado como herramienta política o electoral en los comicios que se llevarán a cabo en 14 entidades federativas del país el próximo domingo 5 de junio”, aclara la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol.
Ante los 14 Comités Preventivos de Blindaje Electoral, se presentó un balance del cumplimiento de los lineamientos que dan forma al Programa de Blindaje Electoral, como son la instalación de una plataforma de consulta institucional dirigida a servidores públicos con el propósito de solventar cualquier duda relativa a la implementación del blindaje.
Además, la integración de una memoria documental y los parámetros establecidos para el correcto y legal manejo de recursos públicos y entrega de apoyos durante el periodo electoral.
El abogado general y comisionado para la Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Emilio Suárez Licona, el titular del Órgano Interno de Control, Paulo Arturo Tellez Yurén; el coordinador general de Delegaciones, Mario Zamora Gastelum; y el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, dieron los pormenores de estas acciones.
Durante el transcurso de la sesión, se respondieron preguntas e inquietudes de los representantes de los 14 Comités Preventivos, con el fin de esclarecer cualquier duda relacionada con la implementación de la estrategia institucional de Blindaje Electoral.
El titular de la FEPADE subrayó la importancia de generar mecanismos de coordinación institucional que impulsen la existencia de un contexto de legalidad y apego a la normatividad administrativa, penal y electoral durante los procesos electorales.
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