Servidores públicos de Coahuila protegían a banda criminal mexicana

Prensa Latina. Al menos 11 servidores públicos del estado mexicano de Coahuila son identificados hoy como parte de una red de protección al cártel delictivo de Los Zetas, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

Mandos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Policía Federal Ministerial (PFM) recibían entre 60 mil y 600 mil pesos al mes (cinco mil a 50 mil dólares) para limpiar las carreteras de Coahuila y notificar a la organización delictiva sobre las acciones de las fuerzas del orden para combatirlos, afirmó la PGR.

Sin descartar más implicados, la Procuraduría identificó hasta ahora a 11 empleados y ex funcionarios públicos, cuatro de los cuales fueron detenidos y arraigados en las últimas semanas; cuatro están sujetos a proceso y tres más están prófugos, indicó el diario El Universal.

Entre los oficiales encartados destaca Enrique González Nava (prófugo), exjefe regional de la AFI quien se encargaba de distribuir los sobornos entre el personal a su cargo para que dejaran “trabajar” a Los Zetas.

Por esa gestión le pagaban 600 mil pesos al mes, informó en conferencia de prensa José Cuitláhuac Salinas, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

También participaba el mando José Luis Balbuena, quien avisaba de los operativos y era el encargado de “limpiar la carretera” cuando se pasaba droga, armas o dinero, igualmente colocaba los filtros de revisión en puntos específicos en la zona de Saltillo.

Glenda es el apodo de Humberto Torres, hermano del exfiscal general de la entidad, que tenía a su cargo, por esa relación, el control de la dependencia para desviar el curso de las investigaciones que relacionaban a la organización criminal.

Trabajó también en la Secretaría de Salud de Coahuila.

Como parte de la investigación, se han realizado cateos en 11 domicilios, nueve en Saltillo y dos en Monterrey, y se ha establecido la forma en que operaba la red de protección a la organización criminal, precisó el funcionario.

“En la investigación se ocuparon sobres con numerario en moneda nacional y extranjera, que se encontraban separados y etiquetados en una serie de documentos identificados como nóminas, en los que se mencionaban nombres clave de diversos funcionarios públicos del estado de Coahuila”, detalló Salinas.

En varios estados de México bandas del crimen organizado se disputan el dominio de los territorios, lo cual ha generado un clima de violencia en el país cuyo saldo supera las 50 mil muertes en los últimos seis años, según cifras de grupos defensores de los derechos humanos.