En Topo Chico priva el autogobierno; se requiere un nuevo penal: PRD

Agencias. La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados sentenció que la riña al interior del penal de Topo Chico, ubicado en Nuevo León, se registró a causa de factores como el autogobierno en ese centro de readaptación, el hacinamiento, la falta de filtros y controles para separar a los internos de acuerdo a su grado de peligrosidad. Incluso, a una infraestructura e instalaciones inadecuadas, construidas desde hace 50 años, planteó el diputado Waldo Fernández.

El también integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión narró que la semana pasada estuvo de visita en Topo Chico y pudo corroborar que es obsoleto y lejos de inversión en remodelaciones, para lo cual haría falta al menos 50 millones de pesos, lo que en realidad se necesita es un nuevo penal lo que implicaría un gasto de 6 mil millones de pesos.

Fernández González advirtió que mientras no mejoren las condiciones en los penales del país, no sólo en Topo Chico, se seguirán registrando sucesos como el del pasado miércoles 1 de junio, donde murieron tres personas; y el de febrero de este mismo año que dejó un saldo de 49 muertos.

El legislador recalcó que ese centro tiene más de 50 años de haber sido construido, no se diseñó para recluir a reos de alta peligrosidad y las autoridades no tienen el control de lo que ocurre en su interior, lo que favorece el autogobierno y que los internos sigan realizando actividades delictivas.

“Para habilitar este penal y dejarlo en condiciones de funcionamiento, necesitamos 50 millones de pesos, pero no es la solución ideal; lo ideal, es la construcción de otro penal. Necesitamos el recurso para hacer los filtros pertinentes y evitar que haya la posibilidad de que los internos se muevan de lugar”, y eso costaría en 6 mil millones de pesos.

Consideró que es necesario construir reclusorios equipados con la tecnología adecuada, para reducir el contacto del personal con la población, así como mantener todas las áreas vigiladas.

A ello deben sumarse políticas efectivas en materia de reinserción social, las cuales deberían diseñarse en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), apuntó.

Manifestó que al entrar en vigor la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, la cual será votada en el periodo extraordinario que inicia el 13 de junio, y con la aplicación en todo el país del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, podrán tomarse medidas para atender el problema de la sobrepoblación carcelaria, en tanto que a las personas que cometan un delito por primera vez no se les mantendrá en prisión preventiva, a menos de que se trate de un ilícito grave.

“Tenemos que buscar medidas para que las personas que cometan un delito no grave lleven un proceso de reinserción fuera de los centros de readaptación social, porque los penales se convierten en verdaderas escuelas del crimen, y como están revueltos lo único que sucede es que el primodelincuente sale mejor preparado, pero para seguir delinquiendo, no para enfrentar a la sociedad de manera legítima”, sentenció.