Agencias. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 25/2016, dirigida al Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, por un caso de impugnación por violaciones “a la seguridad jurídica y a la legalidad”, en agravio de un ciudadano durante operativo de alcoholímetro, “atribuibles a la actuación de policías municipales y un juez calificador de ese Ayuntamiento”.
El 23 de noviembre de 2012, la víctima denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, que cuando transitaba en su vehículo por las calles de Reforma y Periférico Norte, en Hermosillo, Sonora, fue detenido en un retén de revisión oficial, donde le fue aplicado el alcoholímetro, informándole que se encontraba ligeramente por encima de la norma.
En lugar de ponerlo a disposición por esa causa, lo condujeron en una patrulla a la comandancia municipal, donde permaneció retenido y luego fue puesto a disposición de un juez calificador, por la causal de “negarse a cumplir una indicación justificada hecha por un policía en función”, ya que presuntamente no entregó las llaves de su vehículo.
La queja de la víctima fue tramitada por el Ombudsman sonorense quien después de diversas actuaciones resolvió el 6 de marzo de 2015. La víctima “no estuvo de acuerdo con la determinación del Ombudsman en Sonora por lo que interpuso un recurso de impugnación, el cual fue remitido a la CNDH el 14 de mayo de 2015.
Concluida la investigación correspondiente, la CNDH advirtió evidencias suficientes que permiten “acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad en agravio de ese ciudadano”.
La CNDH consideró que las autoridades, al ponerlo a disposición y desahogar el procedimiento, “no se ajustaron a la normatividad aplicable”.
Por ello, la CNDH pide al Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, que aporte todos los elementos necesarios en el procedimiento de investigación que se inicie por la denuncia que la CNDH presentará ante la Contraloría Municipal de la capital sonorense, en contra de las autoridades señaladas como responsables.
Se diseñe e imparta, a los Jueces Calificadores y a los agentes de la Policía Municipal, un curso integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos, que incluya el acatamiento de las disposiciones jurídicas vinculadas con el desempeño de sus funciones en la aplicación de sanciones administrativas.
Con la finalidad de garantizar la no repetición de actos similares a los descritos, la CNDH solicita la emisión de una circular dirigida a los servidores públicos del Ayuntamiento, en la que se les exhorte a cumplir cabalmente con el Bando de Policía y Gobierno del Municipio, la Ley de Tránsito y la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora.
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