Agencias. En la Cámara de Diputados, las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), plantearon posturas encontradas respecto a las observaciones del Ejecutivo Federal a la Ley de Responsabilidades Administrativas.
En primera instancia, el líder de la bancada del PRI, César Camacho, señaló que esa fracción respalda las observaciones hechas por la Presidencia de la República a la llamada “Ley 3de3”, contenida en la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Camacho Quiroz señaló que sin tener aún fecha precisa sobre la realización del periodo extraordinario de sesiones en que el “veto” presidencial se tendría que desahogar, el tema es urgente y deberá procesarse “lo antes posible” en el Congreso de la Unión.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro agregó que el propósito es eliminar de la ley, la obligación a personas físicas y morales con acceso a recursos públicos, de presentar las declaraciones patrimoniales, de impuestos y fiscales, que contempla la llamada “Ley 3de3”.
Añadió que para procesar los puntos observados por la Presidencia, la Junta de Coordinación Política se reunirá el próximo miércoles 28 de junio y será entonces cuando se perfile la fecha en que se podría realizar el segundo periodo extraordinario de sesiones en el Congreso.
“Hoy no ha fecha, pero nuestra intención es procesarlo cuanto antes. Creemos que a este ejercicio constitucional de una facultad hay que darle atención pronta, primero porque esto genera seguridad; es decir, certeza a los destinatarios, los empresarios, aunque hay una alusión limitada en el caso del artículo 32, no sólo a cualquier empresario, cualesquiera, pero creo que tenemos que resolverlo cuanto antes”, refrendó.
El congresista dijo que los argumentos del Jefe del Ejecutivo son razonables, pues aunque el PRI está convencido de que los empresarios que tienen contratos, adquisiciones o licitaciones del gobierno Federal y aprovechan bienes del estado o prestan servicios al mismo, debieran tener la obligación de rendir cuentas, pero a partir de un marco jurídico adecuado.
Por su parte, la bancada de MORENA en San Lázaro, a través del presidente de la Comisión de Transparencia, Rogerio Castro, lamentó que la mayoría en el Congreso de la Unión y el Gobierno de la República actúen conforme a intereses de grupos en particular, al modificar nuevamente y conforme a la pretensión de los empresarios, el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades,
Castro Vázquez subrayó que es responsabilidad del Primer Mandatario aclarar si su proceder obedece a intereses empresariales, pues lo cierto, es que no atiende las demandas de la ciudadanía y solo pretende evitar las impugnaciones legales que las disposiciones señaladas acarrearían.
“Se manejó por parte del Ejecutivo el veto a ciertos Artículos de la Ley de Responsabilidades, en donde habla del tema de las persona físicas particularmente, pero nunca se tocan las demandas de los ciudadanos. Ya se veía venir una controversia constitucional en el tema, no la iban a ganar y les iba a generar un problema, entonces por eso lo están regresando”, afirmó.
Recordó que en la discusión, hubo oportunidad de enmendar los errores cometidos en el “3de3” pero la mayoría en el Congreso tenía “línea” o instrucciones de aprobar los ordenamientos anticorrupción por la vía del “fast track”, por lo que no se aceptó ningún tipo de enmienda.
“Dijimos que era una irresponsabilidad actuar de esa forma, y en el pleno se presentaron reservas precisamente a los Artículos 32 y 29, y no las aceptaron por pasarla en fast track”, expuso.
En cuanto a la intervención de los diputados federales ante las observaciones del Ejecutivo, el legislador señaló que en primera instancia los senadores deben atender las observaciones y en el momento requerido, en San Lázaro se pedirá que el dictamen emitido y enviado en forma de minuta, se turne a la Comisión a su cargo.
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