Agencias. El resolutivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sobre el caso del estudiante normalista de Ayotzinapa, Julio César Mondragón, lamentablemente “parece” avalar la versión oficial en cuanto a que el joven murió por golpes en la cabeza, por la tortura a la que lo sometieron integrantes del grupo criminal de los Guerreros Unidos, y su rostro fue desollado por “fauna nociva” y no por otras personas.
La diputada Araceli Damián, integrante de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento al caso, señaló que el homicidio del joven podría atribuirse al crimen organizado, pero la CNDH debió señalar que policías locales y federales estaban presentes durante los hechos y no lo impidieron, por lo que son responsables por omisión.
Damián González criticó que la CNDH no haga alusión a la participación de la Policía Federal y estatal en los sucesos de Ayotzinapa, cuando los elementos de seguridad involucrados por acción u omisión deberían ser sujetos a investigación y sometidos a juicio.
Además, que el organismo defensor de los derechos humanos a nivel nacional haya omitido evaluar la participación de elementos de seguridad en las agresiones y desaparición de los normalistas, recriminó, es criticable.
Aseveró que en los términos planteados por la CNDH, no es posible estar de acuerdo con los resolutivos que parecen estar alineados a los resultados oficiales, puesto que el papel de la institución a cargo del ombudsman Luis Raúl González debería exigir que se investigue a fondo la intervención de los policías en los hechos de Ayotzinapa.
“La CNDH debería proponer que se juzgue no solamente a aquellos que cometieron el delito, sino también a aquellos que lo permitieron, que es la policía, son cuerpos del Estado mexicano los que estaban ahí presentes. Hubo participación de la policía municipal, estatal, federal; es decir, todos estuvieron esa noche”, sentenció.
La legisladora de izquierda también hizo referencia a las exigencias de los padres de los normalistas, para que el titular de la Unidad de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio sea destituido, por su cuestionable desempeño en las indagatorias, el cual “evidentemente ensució la investigación”, reclamó.
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