Apicultores mayas denuncian ante CIDH daño por soya transgénica

Agencias. La proliferación de cultivos de soya transgénica en los estados de Campeche y Yucatán, en México, están afectando la vida, la salud e integridad, así como el medio ambiente en comunidades mayas, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) organizaciones no gubernamentales.

Un grupo numeroso de agrupaciones que incluyen integrantes de comunidades mayas apicultoras, dio a conocer que desde el pasado 25 de julio, se pidió la intervención de la CIDH, a fin de que tome cartas en ese asunto.

Los organismos indicaron que su denuncia pretende obligar al gobierno mexicano a que proteja a los afectados por la siembre de soya transgénica, que contamina los territorios en que es sembrada; aunado a que provoca deforestación.

Los cultivos transgénicos representan un peligro de deforestación y afectación a las comunidades mayas de los estados de Campeche y Yucatán, dijeron, puesto que involucran el uso de sustancias tóxicas y herbicidas que contaminan el agua y el suelo.

Es por ello, apuntaron, que se pide a la CIDH emita medidas cautelares para que el Estado mexicano proteja a los habitantes de las poblaciones referidas y ordene la suspensión de la siembra de soya genéticamente modificada.

Agregaron que aunado al daño ambiental que ese tipo de cultivos genera en los ecosistemas de la zona e incluso en torno a sitios arqueológicos, representa “un atentado” contra los derechos y cultura de las comunidades mayas, dedicadas a la siembra de plantas medicinales, árboles indispensables para la reproducción de las abejas.

Detallaron que las zonas más afectadas se ubican en los municipios de Hopelchén, en Campeche; y las comunidades de Tekax y Teabo, en Mérida, Yucatán; aunque los permisos otorgados por las autoridades también están causando daño en zonas aledañas.

Indicaron que entre los argumentos presentados ante la CIDH, se denunció que las comunidades originarias no fueron consultadas por la autoridad al momento de otorgar permisos para las siembras transgénicas, que también han causado un impacto negativo para el cultivo de abejas.

De igual modo, se argumentaron violaciones a los derechos al territorio, la propiedad comunal, a la vida e integridad personal, al medio ambiente sano, al trabajo, la protección judicial y el acceso a la justicia.

Recordaron que en noviembre de 2015, las organizaciones de apicultores lograron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  emitió un resolutivo favorable a su causa; sin embargo, dicha decisión fue parcial, pues no resolvió sobre todos los derechos violentados ni sobre los términos irregulares en que se realizaron consultas entre las comunidades, lo que los obligó a acudir a la CIDH.

Entre las organizaciones firmantes de la denuncia, se encuentran la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Greenpeace México; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(Indignación); y Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos A.C. (Litiga OLE).