Notimex. Cancún. El ayuntamiento de Benito Juárez fue embargado en tres cuentas bancarias por un monto de un millón 308 mil pesos exigidos por el ex trabajador Pedro Antonio Zaleta Vargas, quien demandó por despido injustificado.
El representante legal del quejoso, Javier Sotelo Nava, dio a conocer que el vigésimo séptimo tribunal colegiado de distrito otorgó la razón al denunciante al negar el amparo al ayuntamiento, debido al agotamiento de todas las instancias.
Refirió que está pendiente otra demanda más contra el ayuntamiento, que si perdiera el caso se vería en la obligación de pagar entre cinco y 10 millones de pesos.
“Hasta hoy es un millón 308 mil pesos más 446 pesos diarios hasta que paguen la totalidad de lo adeudado, el actuario acaba de trabar embargo por tres cuentas bancarias y en caso de que el ayuntamiento haga movimientos nosotros vamos a señalar otras cuentas bancarias para que se trabe el embargo hasta que el banco ponga a disposición del presidente de la junta la cantidad adeudada”, explicó.
Zaleta Vargas, por su parte, expuso que en octubre la administración perdió el último laudo para hacer frente al pago que no hizo y por eso envío un documento para proponer un acuerdo.
“Me vi en la necesidad de enviarles un escrito para poder sentarnos a dialogar y en ese sentido, ellos me expusieran cuáles son sus oportunidades de pago y que en este caso yo les hiciera la propuesta como si fuera el deudor en este juicio”, dijo.
Este nuevo embargo pone en alerta al ayuntamiento, a decir de su síndico, Guadalupe Leal Uc, pues ahora tendrán que reactivar otras áreas de recaudación, aunque por lo pronto el expediente fue turnado a Tesorería para que determine si existen fondos en las cuentas embargadas.
“Vamos a mandar la información a Tesorería porque finalmente es quien tienen el control de las cuentas embargadas, y que nos digan sí hay o no hay dinero para pagar”, detalló.
Durante la actual administración, encabezada por Julián Ricalde Magaña, el ayuntamiento ha perdido diversas demandas presentadas por ex trabajadores, proveedores y empresas particulares, por las cuales ha tenido que pagar millonarias indemnizaciones o enfrentar el embargo de sus cuentas en lo que encuentra otro modo de conciliación con los quejosos.
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