Nuevo golpe al INE en materia de fiscalización

Agencias. Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmaron algunas de las sanciones impuestas por el INE a los nueve partidos políticos en materia de fiscalización y que ascendió en totalidad a más de 420 millones de pesos; en otros casos los “returnaros” y en unos más determinaron ordenar al Instituto reidividualizar la sanción.

Para sustentar las nueve ponencias a su cargo, en torno a las quejas que presentaron por separado PAN, PRI, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, el magistrado Flavio Galván Rivera, concedió la razón jurídico electoral a las fuerzas partidistas.

Los partidos políticos sostuvieron que el INE al momento de imponer cada una de las sanciones no existen elementos lógico-jurídicos objetivos, ciertos e imparciales por los cuales la autoridad responsable arriba a la conclusión de imponer como sanción, en cada caso, multas correspondientes al cinco, 15 o 30 por ciento del monto total de las operaciones registradas fuera del tiempo real y de ajuste.

El magistrado Flavio Galván Rivera declaró: “Porque no está cumpliendo, en mi opinión como se debió haber cumplido y, porque además la autoridad no cumplió tampoco con el deber de cuantificar la sanción con forme a la infracción, conforme al tiempo que transcurrido desde el incumplimiento del deber de informar sobre las operaciones o registrar las operaciones que han llevado a cabo, que es uno de los temas fundamentales de esta resoluciones, y que llevó a la autoridad a imponer sanciones del cinco, 15 y 30 por ciento del monto de las operaciones no registradas”.

En tanto que en los otros 67 recursos de las fuerzas partidistas,  en las ponencias de los magistrados, María del Carmen Alanís Figueroa, Manuel González Oropeza, Salvador Olimpo Nava Gomar y Pedro Esteban Penagos López, se reconoció que los partidos políticos incumplieron en presentar en tiempo y forma sus informes de gastos en la pasada jornada comicial.

Alanís Figueroa, expuso que “si los partidos políticos o los candidatos retrasan esta captura, entonces van entorpeciendo en cadena la adecuada fiscalización y verificación por parte de la autoridad.

Agregó que mientras más tiempo tarde el sujeto obligado en hacer el registro, entonces también la autoridad fiscalizadora va teniendo menos tiempo y oportunidad para realizar esta función de vigilancia en tiempo real y oportunamente.

“Encontramos que varios de estos documentos sí estaban efectivamente o estas operaciones estaban reportadas y entonces ya estamos vinculando al Instituto a que haga la valoración y, en su caso, reindividualice la sanción. La diferencia con el Magistrado Galván, es que él considera que nosotros no debemos hacer esa revisión y determinar si fue ingresada o la documentación que se alega fue exhibida o ingresada al SIF, al Sistema Integral de Fiscalización”.

 En torno al criterio adoptado por las y los consejeros del INE, de aplicar sanciones conforme el grado del incumplimiento en materia de fiscalización, el magistrado Pedro Esteban Penagos López, avaló los mismos.

“Al respecto, es evidente que los distintos porcentajes de sanción, así están establecidos, el 5, 15 y 30 por ciento, fueron establecidos por la autoridad administrativa nacional sobre la base de diversos criterios objetivos, advirtiendo los hechos y la trascendencia precisamente de la presentación, pues, extemporánea de esos informes”.

Aún y cuando, se sumó a favor de los proyectos presentados por el grueso de los magistrados, Manuel González Oropeza, reconoció que el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) en su diseño tiene algo que “no es del todo correcto”.

“Yo creo que toda esta explicación que hemos recibido obedece a que hay algo en el Sistema, hay algo en el diseño de fiscalización que no es del todo correcto, pero que evidentemente el marco normativo que aplicó el Instituto, es el marco normativo con el cual cumplió. Pero escuchamos nosotros en múltiples alegatos cómo los partidos explicaban y justificaban que habían dado los registros extemporáneos por múltiples razones, desde que no podían tener la facturación debida en lugares remotos, hasta que el proceso era más lento de los plazos que hay para llevar a cabo el registro”.

En este contexto, el Magistrado Presidente, Constancio Carrasco Daza, manifestó su esperanza en que la autoridad administrativa electoral nacional, no quede “anclada en este ejercicio”, es decir, mejore el Sistema Integral de Fiscalización rumbo a los comicios del 2018.

“Por supuesto que es perfectible la autoridad, la electoral fundamentalmente en la tarea de fiscalización tiene un reto mayúsculo, ya lo tuvo en este proceso electoral pasado, basta ver el universo de candidatos que contendieron en el proceso para ver el tamaño de reto, pero decían ustedes creo que de manera muy puntual que el reto del 2018 será muy acentuado de frente a número de candidatos de partidos y de independientes que se tendrá en ese proceso electoral. No creo yo que la autoridad se vaya a quedar, perdón la expresión, anclada en este ejercicio, para mí es un punto de partida correcto que comparto al fijar estos parámetros que me parece pasan los criterios de proporcionalidad de manera absoluta. Creo que no tuvimos ejemplos, para mi contundentes en este caso de que existieran causas justificadas que retrasaran el registro de las operaciones contables que pudieran determinar un destino distinto”.

Los asuntos en manos del magistrado Flavio Galván Rivera, fueron regresados por los magistrados para un nuevo análisis y sentencia.