Notimex. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI sigue analizando los casos de los ex gobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge y de Chihuahua, César Duarte, acusados por presuntos actos de corrupción.
El dirigente nacional de ese partido, Enrique Ochoa Reza dijo que incluso hay avisos de que también habrá un caso de Michoacán.
En entrevista en el marco de su gira de trabajo en Zacatecas, el líder priista rechazó que haya algún señalamiento en la Comisión Estatal o Nacional de Justicia Partidaria contra del ex gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes.
Refrendó la postura del PRI en el sentido de que los corruptos deben terminar en la cárcel y los bienes que se robaron regresen al pueblo de México, “esa será la exigencia del PRI durante toda la contienda electoral del 2016, 17 y 18”.
Recordó que planteó al Consejo Político Nacional del PRI –y ha quedado aprobada– una nueva Comisión Anticorrupción al interior del partido, siguiendo las mejores prácticas internacionales, para que cumpla con al menos dos propósitos:
El primero, prevenir la corrupción, revisar los perfiles curriculares de las mujeres y de los hombres que quieran ser candidatos del PRI en los procesos electorales, para que sean de prestigio los abanderados.
Anunció que eso iniciará en el proceso electoral del 2017 y continuará en el proceso electoral del 2018.
Por otra parte, la Comisión Anticorrupción al interior del PRI le dará seguimiento a las instituciones del Estado Mexicano que señalen posibles abusos al gasto público, para que se puedan identificar a tiempo aquellos gobiernos del PRI o de cualquier otro partido político que le fallen a la ciudadanía, para combatir oportunamente los abusos de corrupción y que éstos no queden impunes.
Advirtió que el PRI debe ser garante de la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos emanados de sus filas y también señalará la corrupción y la impunidad de aquellos gobiernos de otros partidos políticos, como ha sido el caso de Guillermo Padrés, ex gobernador panista de Sonora.
Recordó que en el caso de Javier Duarte, fue el PRI el que inició un proceso de suspensión y después de expulsión. También procesó de inmediato la solicitud de licencia de Duarte, para que no sea más gobernador de Veracruz.
Asimismo, “el PRI le exige a la Procuraduría General de la República que continúe las investigaciones, que cumpla las órdenes de aprehensión en contra de Javier Duarte, porque los corruptos deben terminar en la cárcel y los bienes que fueron producto de la corrupción deben ser incautados, como ha sido ya por la Procuraduría General de la República, con el fin de que el dinero regrese al pueblo de México”.
Advirtió que el PRI continuará trabajando al interior de mañana, tarde y noche para ofrecer candidatos de prestigio y popularidad que nos permitan acreditar en los hechos que estamos combatiendo la corrupción y la impunidad.
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