Agencias. El Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, informó que acudió formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a impugnar la reforma que permite ampliar el plazo que permanecerán en el cargo cuatro de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara y representante del Sol Azteca ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Acosta, señaló que dicho recurso también está firmado por la dirigente nacional del partido, Alejandra Barrales.
La impugnación argumenta que la ampliación del mandato de cuatro de los siete integrantes del Tribunal Electoral, viola el principio constitucional de renovación escalonada en cada proceso electoral federal; así como los principios de certeza y seguridad jurídica.
Explicó que la reforma a un artículo transitorio que ni siquiera estaba en vigencia también representa una anomalía; aunado a que se hizo caso omiso de la prohibición de leyes privativas, al legislar a favor de cuatro magistrados en lo particular; a lo que se suma la violación al principio de no retroactividad e igualdad ante la ley.
Asimismo, la normatividad aprobada por la mayoría en el Congreso, apuntó, afecta el principio de separación de poderes, la independencia e imparcialidad del Tribunal Electoral; además de que rompe con el derecho de acceso a una justicia imparcial y a contar con un Tribunal independiente.
Recordó que fue el pasado 27 de octubre, cuando el Senado avaló los cambios para ampliar los plazos en funciones de cuatro magistrados electorales que habían sido nombrados apenas con una semana de anterioridad.
Puntualizó que esa decisión benefició en lo particular a los magistrados José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante González, que habían sido nombrados por cuatro años y se les extendió el cargo hasta por siete años.
En el caso de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, éstos habían sido electos para un periodo de seis años, pero la reforma aumentó ese plazo hasta ocho años.
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