El gobierno mexicano escondió informe sobre irregularidades en el caso Ayotzinapa, publica el NYT

Redacción. El gobierno mexicano evitó difundir un informe interno que detectó ilegalidades en la investigación del caso de 43 estudiantes desaparecidos hace dos años y que invalida las bases de la investigación, publicó este jueves The New York Times.

El diario tuvo acceso al informe de 177 páginas, elaborado por el entonces inspector general de la Procuraduría General de la República (PGR), César Alejandro Chávez Flores; en el se confirmaba que había sido irregular una diligencia clave que sirvió para sustentar la verdad oficial de que los jóvenes habían sido calcinados.

La diligencia cuestionada estuvo a cargo de quien era jefe de la agencia de investigación criminal de la fiscalía, Tomás Zerón, cercano al presidente Enrique Peña Nieto, el 28 de octubre de 2014.

Zerón acudió con un joven detenido a la zona del río San Juan sin presencia de su abogado y no registró esa actuación en el expediente. Al día siguiente en ese sitio se encontró una bolsa con cenizas humanas y con el único hueso identificado con certeza como de uno de los estudiantes.

A partir de ese hallazgo y testimonios de detenidos, la fiscalía general concluyó que los 43 estudiantes habían sido asesinados e incinerados en una pira en el basurero hasta hacer desaparecer sus restos. Peritos independientes refutan esa versión.

La investigación interna de la fiscalía general fue ordenada después de que un grupo independiente de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revelara la existencia de esa diligencia.

Según The New York Times y el libro de Anabel Hernández las conclusiones de la investigación se iban a presentar el 18 de agosto a los padres de los estudiantes en una reunión con la entonces fiscal general Arely Gómez. Sin embargo, se les dijo que faltaba una formalidad.

Cuatro semanas después Chávez Flores presentó su renuncia y el documento no se ha hecho público hasta este jueves. Según el diario, la conclusión a la que había llegado su informe “amenaza los fundamentos legales” de todo el caso.

(Con información de DPA)