Por: Julio César Sastré.
La venta de inmuebles propiedad del Gobierno del Estado se realizó conforme a derecho y se verificó que todo el procedimiento de desincorporación de bienes cumpliera con la ley vigente, además las subastas nunca estuvieron por debajo de los valores catastrales, consideró el secretario de Contraloría, Alejandro Torres Palmer.
Durante su comparecencia en el rubro de transparencia y Rendición de Cuentas en el Congreso, justificó los remates de inmuebles al asegurar que representaban un gasto al estado.
“Se detectó que había inmuebles que no tenían un servicio público, que eran ociosos y que en lugar de beneficiar al estado generaban un gasto en mantenimiento y vigilancia, por lo cual decidimos desincorporarlos como parte de la estrategia del fortalecimiento de las finanzas públicas estatales para transformar el recurso en acciones productivas”, indicó.
Alejandro Torres Palmer dijo que en la administración del gobernador Rafael Moreno Valle siempre se buscó que se cumpliera a plenitud la aplicación del artículo 134, y Contraloría buscó garantizar que se celebren los niveles de eficiencia y productividad del gobierno.
Cabe señalar que terrenos, casas habitación, bodegas en la Central de Abasto, locales comerciales e incluso módulos sanitarios, entre otros, estuvieron disponibles al mejor postor.
El artículo 31 de la Ley General de Bienes del Estado de Puebla cita que las propiedades no destinadas a un servicio público o que no disfruten de iguales privilegios aquellos que están pueden enajenarse.
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