Agencia.- La Cámara de Diputados insiste en mantener una “limitada rendición de cuentas” sobre las “subvenciones” y reparto de recursos asociados a las actividades legislativas, que durante 2015 ascendieron a mil 742 millones 978 mil pesos, señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo al análisis de la Cuenta Pública 2015, en lo referente al gasto en San Lázaro, el órgano fiscalizador encontró que no hay información que permita establecer si dicho gasto se hizo de manera razonable.
Tampoco hay datos que permitan comprobar que los recursos en cuestión se realmente se utilizaron en trabajos legislativos, apuntó.
Sin embargo, para el auditor Juan Manuel Portal, las anomalías cometidas en el uso del gasto corriente en San Lázaro e incluso en el Senado, no generan mayor preocupación.
El documento indica que al realizar la revisión del gasto en el Palacio Legislativo de San Lázaro, solo se lograron recuperar 162 mil pesos, de los más de mil 742 millones de pesos distribuidos entre las fracciones parlamentarias a través de “subvenciones” y otros gastos.
Expone que de las 15 observaciones hechas, nueve fueron solventadas o atendidas antes de que se integrara el informe, pero las seis restante dieron lugar a igual número de recomendaciones.
El dictamen emitido el 21 de diciembre de 2016, añade que al revisar la gestión financiera de los diputados, tuvo como fin verificar que el presupuesto se haya ejercido conforme a los montos aprobados y a la ley.
La conclusión general es que “la Cámara de Diputados no cumplió con las disposiciones legales normativas aplicables en la materia”, pues persiste la limitada rendición de cuentas en cuanto al reparto de “subvenciones y otros conceptos relativos a la actividad legislativa.
Los renglones de gasto sometidos a fiscalización fueron los servicios personales, que se llevan gran parte del presupuesto en la Cámara, con tres mil 625 millones de pesos; en provisiones salariales y económicas, asignaciones para el cumplimiento de la función legislativa, “otros subsidios y subvenciones”.
También se revisó la adquisición del sistema de iluminación; la compra de prendas de vestir, de seguridad, protección y calzado; el estudio estructural sobre hundimientos, la estrategia de comunicación social, impermeabilización de la explanada, el sistema de administración de software, la renovación del sistema de video vigilancia.
Asimismo, se analizó el gasto en el mantenimiento de elevadores y en el sistema de bombeo y la red hidráulica de alimentación, la compra de muebles, la remodelación de oficinas, el “fondo fijo” y el “fondo revolvente”, rubros en los que en suma, los diputados utilizaron seis mil 198 millones de pesos.
En el caso del Senado de la República, la ASF consideró necesario mantener la fiscalización a los recursos asignados “con opacidad” a los grupos parlamentarios a través de la partida 39903, ya que en años anteriores los senadores no entregaron la documentación que permitiera comprobar gastos hasta por mil 206 millones de pesos, equivalentes a la tercera parte de su presupuesto.
De las 10 observaciones hechas por la Auditoría, los congresistas solo atendieron dos y por ello, se les formularon nueve recomendaciones, que se centran en el señalamiento de que el Senado incumplió la ley en materia de rendición de cuentas.
En el caso de la auditoría financiera y de cumplimiento aplicada a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), esta tuvo como fin verificar que su uso sea el adecuado y el gasto en ese rubro se haya realizado conforme a la ley.
La revisión de 2015 contempló un total de 58 millones 388 mil pesos gastados en 17 contratos, de los cuales cuatro fueron “plurianuales” y tuvieron un costo global de 32 millones de pesos, detalló la ASF.
Indicó que del 2011 al 2015, el Senado gasto un total de 629 millones 441 mil pesos en tecnologías de la información, y refirió que los lineamientos aplicados no son suficientes para garantizar que las compras y gastos se hayan hecho en las mejores condiciones.
Se encontró que no hay elementos que permitan fortalecer el control y gestión de gastos, es decir, los términos de los contratos y sus anexos técnicos no están bien definidos, tampoco se hacen compras conforma e estudios de mercado ni validación de proveedores.
Se encontraron deficiencias en el contrato otorgado para contar con consultoría especializada, aunado a que no hay documentación que acredite la necesidad de contratación de servicios ni la evaluación de proveedores.
También se detectó que los manuales de organización del Senado no están actualizados; no hay una definición formal de procedimientos, políticas ni controles en materia de tecnologías de la información; no hay lineamientos que garanticen la salvaguarda en la información del Senado; los contratos no tienen especificaciones técnicas e incluso carecen de fechas específicas y condiciones para la entrega de materiales.
Con información de mvs noticias.
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