Niega Coronango haber presentado controversia por el agua ante SCJN

Por: Omar Sánchez

Foto: Omar Sánchez

Coronango, Pue. El Ayuntamiento en turno buscará el número de expediente de la controversia constitucional que presentó un grupo de abogados y ciudadanos de este municipio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de la nueva reforma al agua potable en la entidad, esto con el uso de la firma “coaccionada” del síndico municipal, Víctor Arce Pérez por un grupo de inconformes con la iniciativa.

Así lo expuso, la presidenta municipal, Mely Macoto Chapuli quien sostuvo que el cabildo en una primera sesión aprobó por unanimidad la reforma al artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Puebla, en la que faculta al estado el dotar del agua potable a los municipios, esto porque establece que el vital líquido es un derecho humano.

Esto luego de que el vocero oficial del gobierno del estado, Javier Lozano Alarcón la invitara a sostener un diálogo en el tema, en la que asegura Macoto Chapuli con sustento jurídico el funcionario estatal le afirmó que el agua en Puebla no se privatizará.

Ante esto, recordó que en la primera sesión incluido los ahora regidores inconformes (José Toxqui Coyotécatl de obras públicas y Eugenio Toxqui de ecología), avalaron la reforma para después con fines políticos “alborotaran” a la ciudadanía con información errónea del tema en cuestión.

“Ellos fueron quienes comenzaron a mal informar a la gente a través de la invitación del edil de Cholula (José Juan Espinosa Torres), en un tema político empiezan a informar de manera errónea a la gente y decirles que nosotros queríamos privatizar el agua. Es absurdo ni siquiera tenemos sistema operador de agua potable, es ilógico que se privatice algo de lo cual carecemos”.

Por lo que, en la segunda sesión de cabildo extraordinaria a presión de un grupo de ciudadanos inconformes –la mayoría provenientes de otros municipios-, obligaron a los regidores a rechazar la reforma., sin embargo este nuevo pronunciamiento no tiene validez toda vez que fue después de que fuera aprobada por el Congreso local y la mayoría de los municipios la nueva iniciativa.

“Les tratamos de explicar la situación del sentido de la reforma, establecer el derecho que tiene toda persona el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, algo que la Carta Magna en su artículo 15 establece que es facultad de los municipios dotar de este servicio”.

Sin embargo, sostuvo que en caso de que por alguna razón el estado privatizara el servicio del vital líquido, su gobierno emprendería acciones legales para evitar este acontecimiento que vulnera la autonomía municipal.

“No podemos actuar a hacer algo que pensemos va a suceder, sino actuar de manera contundente a algo real”, concluyó.