Notimex. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) exhortó a la Cámara de Diputados a aprobar la reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aprobada en el Senado el pasado 24 de abril.
El presidente del organismo, Ricardo Bucio, puntualizó que existe “una responsabilidad muy clara de parte de los legisladores de que se legisle a favor de la ciudadanía. Esto es un asunto que puede afectar o que puede beneficiar directamente a la ciudadanía”.
Durante la última Legislatura, recordó, existieron 15 iniciativas de reforma a esa ley pero solamente se aprobó una y en realidad sólo de forma, por la que se modificó el nombre a la actual Secretaría de la Función Pública.
Esta situación, comentó en entrevista, deja manifiesta una falta de interés por el combate a la discriminación de parte del Congreso, “creo que por los resultados, digamos, hay evidencia de que no es un tema de prioridad para la actual Legislatura”.
Añadió que incluso “hay muchas voces que dicen que esto ya avanzó en una Cámara, que podría esperar a la siguiente Legislatura para que pudiera avanzar en otro sentido”.
Por ello consideró importante “hacer un exhorto, todavía no termina el período, y un llamado a la Cámara de Diputados a asumir los temas que tienen que ver con la desigualdad que viven los grupos de población en razón de la discriminación”.
De aprobarse esta reforma, el beneficio para la sociedad se verá reflejado en el procedimiento de defensa de los casos en los que el responsable es un particular, explicó.
De acuerdo con el presidente de Conapred, la mayor parte de las denuncias que recibe el organismo son por casos cometidos por particulares, como escuelas privadas, medios de transporte, establecimientos mercantiles, empresas e incluso entre vecinos.
Sin embargo “la ley hoy día no da la facultad ni siquiera de obligar a que comparezcan cuando cometen un acto de discriminación los particulares”.
La reforma, lo que haría, sería homologar el procedimiento que hoy existe para casos de discriminación de particulares, al de funcionarios públicos.
A la fecha, con los funcionarios públicos se puede llegar incluso a fincar responsabilidades y emitir resoluciones vinculantes, lo que podría pasar en el caso de los particulares si se concretan las reformas.
En este contexto, dijo Ricardo Bucio, los representantes populares que lleguen a los Congresos tanto locales como federal “tienen una agenda enorme todavía de armonización legal y de omisiones legales en relación con la discriminación”.
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