Los liberales reabren el debate en España sobre la gestación subrogada

EFE. El debate político sobre la gestación subrogada, si debe permitirse y con qué condiciones, se reabrió en España al proponer hoy el partido liberal Ciudadanos (Cs) una ley para regularla como práctica “altruista”, aunque la mujer gestante recibiría una “compensación” para resarcir los gastos asociados.

La legalización de los llamados coloquialmente “vientres de alquiler” es una cuestión sobre la que tampoco existe consenso social en el país, pues la defienden familias homoparentales y colectivos LGTBI y la rechazan organizaciones feministas y los obispos católicos.

En mayo pasado, el Comité de Bioética de España (CBE), que asesora al Gobierno sobre ética y salud, se mostró partidario de una “prohibición universal” de la maternidad subrogada porque entiende que todo contrato de gestación entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor.

El presidente de Cs, Albert Rivera, argumentó hoy que se trata de una propuesta “garantista”, y pidió “valentía” al resto de partidos para que sus miembros puedan votar en conciencia cuando la ley se debata en el Parlamento español.

La gestante solo podría serlo un máximo de dos veces por ese método, tendrá que ser mayor de 25 años (la misma edad mínima que se requiere para adoptar) y haber sido madre anteriormente de al menos un hijo sano, según planteó Ciudadanos, cuarta fuerza del Congreso de los Diputados.

Además, se tienen que haber agotado previamente todas las vías para ser madre o padre antes de acogerse a la gestación subrogada.

“No vamos a aceptar que por prejuicios ideológicos y morales impidamos que lo que ya existe no se regule”, argumentó Rivera en alusión a los españoles que recurren a este método en el extranjero, pues no es legal en España, y luego tienen que inscribir a los hijos en la embajada correspondiente.

Entre los grupos parlamentarias del Congreso, el gobernante Partido Popular (PP, de centroderecha) se mostró “absolutamente en contra de la mercantilización de la maternidad por parte de nadie”.

No obstante, su portavoz, Rafael Hernando, precisó que el PP estudiará “todas las iniciativas” sobre este asunto.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), principal de la oposición, se remitió a la decisión que ya tomó de rechazar esta práctica por tratarse de una “mercantilización de las mujeres”.

El izquierdista Podemos (tercera fuerza parlamentaria) anunció que no apoyará la propuesta legislativa si vulnera los derechos de las mujeres, y advirtió que “no puede llamarse altruista cuando hay compensaciones económicas”.

A favor de la regulación se manifestaron partidos minoritarios como los independentistas catalanes de ERC y PdeCat y los nacionalistas vascos del PNV, si bien reconocieron que se trata de una cuestión complicada, que genera debate dentro de las propias formaciones políticas.

Rivera había insistido en que la propuesta de Ciudadanos impide el pago de cualquier cantidad que suponga lucro para la mujer gestante, sin perjuicio de la compensación para los gastos “estrictamente derivados de las molestias físicas, los de desplazamiento y los laborales, así como los perjuicios inherentes a la gestación”.

Además, la gestante deberá acreditar que tiene una situación socioeconómica y familiar “estable” y una renta mínima, con baremos que se establecerán en un reglamento posterior que desarrolle la ley, para garantizar que “nadie” se acoge a este sistema por motivos económicos.

El contrato de gestación por subrogación será un documento público, que se inscribirá en un registro nacional, en el que también figurarán las mujeres que libremente deseen ofrecerse a gestar y los progenitores subrogantes, según esta propuesta.

El presidente de la asociación de familias por gestación subrogada Son Nuestros Hijos, Pedro Fuentes, valoró esta propuesta para que los partidos tengan que pronunciarse en el Parlamento ante lo que consideró una realidad social.

Por el contrario, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, se mostró “radicalmente en contra”, aunque sea “en la modalidad altruista”.

La Plataforma por las Libertades, compuesta por más de un centenar de asociaciones, consideró la propuesta contraria a la dignidad de la mujer, al igual que la antiabortista Derecho a Vivir, que reprochó que se quiera convertir al niño en un “producto comercial”.

Hace unos meses, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, indicó que la maternidad subrogada constituye “una explotación de la mujer y del niño que va a nacer, que se convierte en un objeto de consumo”.