Piede Morena a la SFP y ASF que investiguen irregularidades en empresas de limpieza en San Lázaro

•  El diputado Ariel Juárez Rodríguez dio a conocer que los trabajadores de intendencia desempeñan su labor en condiciones deplorables y sin las prestaciones que les corresponden por ley.

  • Además existe contubernio entre dichas compañías y funcionarios de la Cámara de Diputados en la asignación de los millonarios contratos, señaló el legislador federal de Morena.

Comunicado Oficial. El Grupo Parlamentario de Morena denunció que los trabajadores de limpieza de la Cámara de Diputados desempeñan su labor en condiciones deplorables y sin las prestaciones que les corresponden por ley, además de que existen diversas irregularidades en los contratos y operaciones por parte de las empresas encargadas de ese servicio en el recinto legislativo de San Lázaro.

En conferencia de prensa, el diputado Ariel Juárez Rodríguez hizo un llamado a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que realicen una investigación al respecto y se ponga fin a la pésima situación laboral de ese gremio, así como a la corrupción que prevalece entre los dueños de dichas compañías y funcionarios de la Cámara de Diputados para la asignación de los contratos de intendencia.

Acompañado por los diputados Vidal Llerenas Morales y Ángel Hernández de la Piedra, también de la bancada de Morena, el legislador mexiquense explicó el entramado que han hecho administrativos de San Lázaro con las empresas outsourcing que obtienen la adjudicación del contrato, cuyos propietarios o representantes legales también operan dentro de los sindicatos del ramo.

Juárez Rodríguez indicó que cerca de 300 trabajadores de limpieza han padecido abusos a sus derechos laborales desde hace al menos diez años, pues no se les permite generar antigüedad, no reciben aguinaldo, no gozan periodo ni prima vacacional, e incluso son obligados a firmar contratos irregulares bajo la amenaza de perder su fuente de ingreso.

“Son contratos donde simulan entregarles aguinaldo, prestaciones, vacaciones y lo que tenemos es que todo eso queda únicamente estampado en un documento, que no tiene ningún tipo de verdad. Es decir, hay una simulación, porque hay trabajadores que tienen una antigüedad de seis años, y que en su andar han sido cambiados por lo menos tres veces de empresa. Siendo que cuando van a cambiar de una razón social a otra, lo que hacen es simular que liquidan”.

El también Secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados sostuvo que, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Empresas de Limpieza (ANEL), los gobiernos Federal y de la Ciudad de México son los principales contratistas de este tipo de empresas, y que dichos convenios se celebran bajo tráfico de influencias y conflicto de interés.

Precisó que la familia Reyes –a través del respaldo de Manuel Reyes López, Secretario General de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados del Mantenimiento e integrante de la Sección XV de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)– es la que ostenta el mayor número de contratos con la administración pública para el servicio de intendencia.

Al respecto, detalló que Marco Antonio Reyes Saldívar, hijo de Reyes López, es quien maneja a la empresa de limpieza Reisco Operadora de Servicios, que está ligada también a Kasper, Claver, MIMF, Salman Servicios Profesionales y Ocram Seyer, firmas que han sido desaparecidas bajo el argumento de quedar en quiebra, con el fin de evitar auditorías por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El diputado Ariel Juárez resaltó que la familia Reyes ha obtenido millonarios contratos para el servicio de aseo en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), gracias a la ayuda Carlos Aceves del Olmo, líder de la Sección XV de la CTM.

Tras señalar que en los últimos cuatro años las empresas de la familia Reyes recibieron contratos por más de mil 200 millones de pesos en 30 dependencias federales, solicitó a la SFP que aclare la presunta explotación laboral a la que son sometidos los trabajadores de limpieza y a la ASF que audite los convenios entre REISCO, la Secretaría General y el Consejo Administrativo de la Cámara de Diputados.