Armoniza Contraloría del Estado estructura interna con el Sistema Estatal Anticorrupción

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Por: Staff Periódico Enfoque.

En concordancia con la reforma constitucional y las recientes disposiciones legislativas federales y locales, bajo la instrucción del gobernador Tony Gali, la Secretaría de la Contraloría a cargo de Rodolfo Sánchez Corro, realizó una reestructura interna con la finalidad de armonizar las actividades de prevención, detección y sanción de hechos de corrupción con los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción.

Con la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado se generaron nuevas atribuciones y facultades a la Secretaría de la Contraloría, por lo que diferentes áreas reestructuran su funcionamiento.

En la actualización de la estructura interna destaca: la creación de la Unidad Especializada Anticorrupción- integrada por las direcciones de Análisis de la Información, de Normas y Procedimientos, y de Registro, Evolución y Verificación Patrimonial-, la cual fungirá como enlace operativo y técnico con los sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, y coordinará la asistencia técnica que deban proveer las unidades administrativas de la Secretaría.

La Contraloría estatal contará con un órgano interno de control, designado por el Ejecutivo del Estado con la finalidad de salvaguardar la imparcialidad y objetividad en la fiscalización del ejercicio de la actividad pública.

Asimismo, se establece la fusión de las Subsecretarías de Gasto de Inversión y de Auditoría a Gasto Corriente en una sola denominada Subsecretaría de Control y Auditoría que absorbe las funciones de las dos anteriores, en tanto que se crea la Subsecretaría de Responsabilidades.

De igual manera, la Coordinación General de Contraloría Social y Gobierno Abierto se constituye ahora como Coordinación General de Contraloría Social, Participación y Evaluación.

Cabe destacar que las delegaciones y comisarías en las dependencias y entidades se transforman en Órganos Internos de Control con el fin de armonizar las actividades de prevención, detección y sanción de hechos de corrupción.

Con estas modificaciones, la administración estatal reafirma su compromiso de instaurar una gestión de puertas abiertas, transparente, que incremente la confianza ciudadana en el actuar gubernamental.

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