Agencias. En el último año, se han registrado 1442 agresiones, detenciones, asesinatos y desapariciones en contra de las personas defensoras de derechos humanos; los ataques al trabajo humanitario se duplicaron entre el 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017 en México; es decir, se registraron 4 incidentes al día.
Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos (ACUDDEH AC), el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, apuntaron que en Chiapas y Oaxaca “se cometieron dos violaciones a los derechos humanos y a nivel nacional, diariamente una persona defensora es agredida en su integridad física y dos más son detenidos de manera arbitraria.
579 personas defensoras fueron agredidas, atacadas, amenazadas, hostigadas, vigiladas ilegalmente y/o seguidas, más de la mitad, 372 lo fueron en el estado de Oaxaca.
Asimismo, 795 personas fueron detenidas de manera arbitraria en el último año en medios de protestas sociales diversas; en la pasada administración se documentaron 999 detenciones arbitrarias; pero a un año y medio de concluir el actual gobierno, están documentadas 2426 detenciones arbitrarias, señala el reporte.
Se registraron 123 homicidios entre personas que defendían el derecho humano al territorio y 8 periodistas que defendían el derecho humano a la libertad de expresión.
En general, señala el Comité Cerezo, el informe nos dice que el uso de la ejecución extrajudicial es la modalidad represiva más usada por el Estado en el periodo que abarca este informe con respecto a años anteriores, la desaparición forzada se eleva un poco con respecto a los niveles de años pasados; al mismo tiempo, el uso de la detención arbitraria sigue incrementándose en contra de quienes protestan por los efectos de las reformas estructurales, mientras que las VDH en contra de personas defensoras de los derechos humanos han pasado de la amenaza (que fue la modalidad más usada hace tres años) al hostigamiento (que fue la modalidad más utilizada hace dos años) hasta llegar, como los muestran las cifras de dos años a la fecha, al ataque directo. Esto muestra claramente que el Estado incrementa la intensidad de la represión por motivos políticos ante la voluntad de las personas defensoras de mantener su trabajo.
Ante estas cifras, el Estado mexicano ha desplegado diversos recursos discursivos para ocultar, invisibilizar o distraer de la existencia de estos vínculos que lo relacionan directamente con otros actores. De ahí que con la misma urgencia y fuerza que actúan contra quienes con sus acciones de protesta implican pérdidas económicas para el mercado, actúe en contra de aquellas personas o grupos de personas que con su trabajo hacen visible y comprueban que los actos de violaciones a los derechos humanos tienen como beneficiario último a los mismos agentes del estado que se vinculan por medio de distintas relaciones con la economía ilegal y con las empresas que privatizan.
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