Niegan panistas acuerdo para imponer a Cervantes; arremeten contra Anaya

Agencias. El presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero, divulgó un pronunciamiento firmado por él y sus compañeros Roberto Gil, Jorge Luis Lavalle, Javier Lozano y Salvador Vega, en el que niegan haber llegado al cargo gracias a un acuerdo para avalar el nombramiento del actual procurador Raúl Cervantes, como Fiscal General.

En el documento, los legisladores acusan al dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, de haber ordenado boicotear la sesión de instalación del Senado.

Agregaron que Anaya Cortés es el único responsable de la más grave crisis interna que vive el PAN, e incluso solicitaron su salida del partido.

“Vivimos la mayor crisis interna en la historia reciente del partido. Y sólo hay un responsable: Ricardo Anaya. Por eso exigimos que se separe inmediatamente del partido, antes de que sea demasiado tarde”, plantearon.

Lo anterior a través de un mensaje en Twitter difundido por el senador @ErnestoCordero, quien divulgó la comunicación firmada por los señalados.

“Algunas consideraciones que mis compañeros @rgilzuarth @JLozanoA @JLavalleMaury @SalvadorVegaC y yo queremos compartir con todos ustedes”, escribió.

En el texto de cinco puntos, los panistas contra quienes se inició un proceso sancionatorio, calificaron como “falsa” la versión de que Cordero Arroyo fue nombrado presidente del Senado a cambio de darle el “pase automático” a la Fiscalía General al procurador Cervantes Andrade.

Indicaron que su posición en ese tema es clara: votarán contra la minuta proveniente de la Cámara de Diputados, relativa a la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Fiscalía General, y a la cual catalogaron como “la minuta Anaya”.

Ese documento, indicaron, es “deficiente y disfuncional”, representa un retroceso para la procuración de justicia en el país y por tratarse de un error cometido por los diputados panistas, encabezados en su momento por Ricardo Anaya.

Sobre la Mesa Directiva del Senado, indicaron que lejos de “orquestar maniobras a espaldas del partido”, optaron por no ceder al chantaje promovido por su dirigente nacional.

“En efecto, Ricardo Anaya ordenó a sus senadores que boicotearan la sesión de instalación del Senado, tal y como sigue aconteciendo en la Cámara de Diputados”, explicaron.

Ello, gracias a que 82 senadores de cuatro fuerzas parlamentarias apostaron a la estabilidad y adecuado funcionamiento del órgano parlamentario.

“Ricardo Anaya apostó por una crisis constitucional que no tenía remedio visible y que traería consecuencias funestas para el país. Nosotros actuamos con responsabilidad frene a una estrategia que buscaba el colapso de las instituciones para sacar tajada, porque nosotros aprendimos en el PAN que nadie tiene el derecho del mandar al diablo a las instituciones”, reviraron a su dirigente.

Agregaron que el “supuesto albazo” que se alistaba en la sede senatorial por el nombramiento del Fiscal General, es una invención de Anaya Cortés, para encubrir el escándalo del enriquecimiento de sus familiares.

Dijeron que su líder nacional busca distraer la atención con la Fiscalía General, para que la atención de la opinión pública se aleje del patrimonio de sus familiares; aunado a que hace tres años, fue él quien promovió y aprobó el “pase directo”, a favor en ese entonces, del procurador Jesús Murillo.

A raíz de las revelaciones sobre su situación patrimonial, dijeron, el dirigente inventó “su teoría del complot” para escapar del escrutinio público.

Reconocieron que la definición de la Mesa Directiva en el Senado, reflejó la clara división que enfrenta el PAN, donde el problema es la dualidad “dirigente-candidato” que tiene Ricardo Anaya.

“En su intento por capturar y apropiarse de todo, desde los promocionales de radio y televisión hasta las candidaturas, de los presupuestos y las presidencias de las cámaras legislativas, ha llevado al partido a una tensión insostenible”, admitieron.

Afirmaron que enfrentarán el proceso de expulsión iniciado en su contra con “dignidad” y hasta las últimas consecuencias, por lo que exigirán un juicio justo, público e imparcial en el que se respeten sus derechos.

“Desconoceremos la autoridad y jurisdicción de los órganos a modo del autócrata dirigente. Iremos hasta el Tribunal Electoral si es necesario. Anaya no decide quién es panista y quién no”, recalcaron.