Colombia prepara su primera Política Nacional Espacial

Redacción. Tras casi sesenta años de fracasos por establecer una hoja de ruta en asuntos espaciales y satelitales, el borrador de un Conpes promete crear una estrategia para que el país impulse ese sector. Su mecanismo de financiación, sin embargo, no queda muy claro.

Si todo sale como está planeado en el borrador del documento Conpes que publicó hace poco el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en los próximos meses el país tendrá su primera Política Nacional Espacial. Después de setenta años de repetidos fracasos por crearla, el Gobierno pretende, por fin, establecer una hoja de ruta para que este sector empiece a desarrollarse.

¿La razón? Porque hasta el momento, tal y como lo indica el texto, Colombia “ha dejado escapar la oportunidad de aprovechar los beneficios del sector espacial y satelital para dinamizar el crecimiento económico y potenciar el desarrollo social (…) Hoy se encuentra rezagada y en deuda de adaptarse a la nueva realidad mundial en materia espacial”. Una realidad que, en cifras, se resume así: los ingresos del sector espacial a nivel mundial fueron de US$335 mil millones en 2015 (es decir, más o menos, el 115% del PIB colombiano).

Para poner fin a esa deficiencia, el documento quiere “solucionar las fallas de gobierno y de mercado que han impedido una mayor y mejor explotación de los beneficios del ecosistema espacial en el país”. Para eso propone varias medidas. Por ejemplo, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Colciencias serán los encargados de establecer una estrategia de sensibilización sobre los usos y beneficios de las tecnologías espaciales y satelitales. El plazo máximo será hasta el próximo 31 de diciembre.

Además, el Mineducación y Colciencias deberán crear una estrategia de cátedras científicas en los colegios, para fomentar el interés de los estudiantes en temas espaciales. Por su parte, el DNP deberá realizar un estudio de caracterización y medición de la demanda y oferta de servicios satelitales en Colombia, para entender las necesidades y oportunidades del país en este sector.

Para lograrlo también serán necesario establecer una agenda de cooperación internacional en materia espacial, tarea que estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores; impulsar la promoción de productos y servicios espaciales tanto en el sector productivo como en las entidades del Estado; crear mecanismos de transferencia de conocimiento y tecnología desde el exterior y fortalecer el ecosistema científico.

Y aunque el documento indica que el Ministerio de Hacienda, la Presidencia, la Consejería Presidencial de Seguridad y la Alta Consejería para el Sector Privado, además del DNP, serán los encargados de recaudar recursos, no queda claro cómo se hará esa tarea. Parece una meta difícil ahora que el Gobierno decidió reducir el presupuesto de Ciencia y Tecnología en el país. 

¿Por qué ha fracasado Colombia?

Para el Gobierno es claro que “el país no ha podido activar el ecosistema espacial para apalancar objetivos de interés nacional, dinamizar el crecimiento económico y potenciar el desarrollo social”. Los esfuerzos que se han hecho han sido varios, pero por diversos factores esa ha sido una meta imposible de cumplir. En resumen, se pueden identificar tres causas: la ausencia de una visión estratégica de largo plazo, la ausencia de un marco de gobernanza adecuado que active el ecosistema espacial y las barreras de entrada al desarrollo del sector espacial que se generan debido a las fallas de mercado.

Esos tres factores se han repetido desde mediados de la década del setenta, cuando empezaron a aparecer esfuerzos para que el país participara en la carrera espacial que lideraba Estados Unidos y la Unión Soviética.  De hecho, dice el Conpes, “hubo tres intentos para adquirir satélites (dos de comunicaciones y uno de observación de la Tierra) (…), pero no ha habido hoja de ruta para activar el ecosistema espacial, con un marco de gobernanza adecuado que facilite la articulación de actores públicos, privados y universidades (…) Esto deja al país desalineado de las tendencias mundiales en materia espacial”.

Lo cierto es que esa serie de intentos se han quedado estancados. Por ejemplo, en los setenta, Colombia buscó obtener una soberanía sobre el segmento de la órbita geoestacionaria que está sobre el territorio nacional. Sin embargo, tras invitar a conversar a los países que también tienen la misma posición ecuatorial (Indonesia, Somalia, Kenia, Uganda, Gabón, Congo, Zaire y Ecuador), la idea no fue muy bien recibida por los gobiernos de Estados Unidos y la entonces Unión Soviética.

También buscó adquirir un satélite a finales de los setenta, pero luego de crear un Conpes para ello, el presidente de turno, Julio César Turbay, decidió que esa sería una tarea para el próximo Gobierno: el de Belisario Betancur (1982-1986). Éste abrió una licitación pero, finalmente, fue declarada desierta. La idea de tener soberanía sobre la órbita geoestacionaria fue abandonada en 1982.

Desde entonces ha habido algunos esfuerzos valiosos, pero insuficientes. En 2002 se llevó a cabo en Cartagena la IV Conferencia Espacial de las Américas, que resultó con la creación de la Comisión Colombiana del Espacio (CCE), la cual produjo documentos como el Plan Nacional de Navegación Satelital, que no pasó de ser un borrador más. En 2007, la Universidad Sergio Arboleda lanzó al espacio el satélite Libertad 1 (un cubo de 1 kilogramo de peso), que costó $800 millones y tuvo una vida útil de 30 días. Actualmente, esa misma universidad está desarrollando el satélite Libertad II.

De igual forma, el país ha hecho intentos por adquirir un satélite de comunicaciones, pero no ha habido éxito.

La última intención quedó plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, en donde se reconoce que el sector espacial es económicamente relevante. Allí el Gobierno prometió llevar a cabo acciones para “la promoción de la oferta y la demanda de servicios basados en tecnologías satelitales, pero hasta el momento no existe una propuesta concreta de política pública”.

Informacion de El Espectador