Expertos esperan que SCJN se pronuncie por la regulación de la publicidad oficial

Agencias. Defensores y expertos se pronunciaron por establecer un límite a los gastos de publicidad de cada entidad pública en proporción a su presupuesto, bajo principios de transparencia y rendición de cuentas, respeto al ejercicio periodístico y al derecho ciudadano de acceso de la información.

Cabe resaltar que será el próximo 15 de noviembre cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida sobre el proyecto de sentencia para ordenar la regulación de la publicidad oficial, promovido por Artículo 19 y Fundar.

Paulina Castaño de Fundar:Centro de Análisis e Investigación, advirtió que hoy en día, la publicidad oficial “es más un mecanismo para censurar y restringir el libre flujo de ideas y de información, que ha fungido como la caja chica de los gobiernos que gastan de manera excesiva y discrecional recursos públicos en publicidad oficial”.

“En lo que va de la actual administración, de 2013 a 2016, el gasto supera los 37 mil mdp -con un sobreejercicio de 71%-, cifra que equivale a lo destinado para la atención y prevención de desastres naturales en 2015 y 2016”, precisó Castaño.

De estos 37 mil millones, agregó, 9 mil 769 millones están concentrados en dos televisoras privadas más antiguas.

“De seguir la tendencia actual en cuanto al incremento del gasto en publicidad oficial, el actual gobierno podría ejercer un monto cercano a los 60 mil millones de pesos al cierre de su administración. Es urgente que se implementen candados, límites a este gasto: el gobierno federal no debe ejercer más de lo que está planeando gastar. Presupuesto 2018”, enfatizó.

Subrayó que más de la mitad de los estados no informan detalladamente sus gastos en publicidad oficial. Incluso, hay estados que continúan reservando la información, como fue el caso de Veracruz, durante la administración del exgobernador Javier Duarte, que mantuvo un acuerdo para no publicar la información relativa a comunicación social de manera discrecional.

Frente al litigio interpuesto por de Artículo 19 sobre la “omisión” de regular la publicidad oficial, Pamela San Martín, Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral llamó a discutir el tema de la regulación de la propaganda oficial, por “los efectos que tiene en el contexto de un proceso electoral que ya está en curso”.

“No es un tema electoral, pero incide, porque el ejercicio de los derechos políticos electorales parten de la lógica de un estado democrático condicionado por el ejercicio de la libertad de expresión; el ejercicio del derecho al voto parte de que esta sea una acción libre y para ello, necesita ser un voto informado”, agregó San Martín.

“La ausencia de regulación de la propaganda electoral propicia un uso indiscriminado de recursos públicos, para promover aspiraciones de servidores públicos y para hacer de las acciones una propaganda de los distintos órdenes de gobierno con el fin de incidir en la contienda electoral; además genera un efecto silenciador a los medios de comunicación y condiciona la línea editorial”, destacó la funcionaria del INE.

Además, alertó, la discriminación en la asignación de la publicidad y los montos son “criminales en un país como el nuestro con las necesidades que tenemos, lo que se destina es lastimoso para la sociedad mexicana y no cumple con los objetivos marcados para la publicidad oficial”.

En entrevista, San Martín consideró “indispensable” contar con un fiscal electoral, “con garantías para el ejercicio de su cargo”.

“Más allá de las personas tenemos que generar garantías para el funcionamiento de las instituciones; no es indebido que un servidor público tenga aspiraciones políticas lo que es indebido es que emplee recursos públicos para promover sus aspiraciones”, finalizó San Martín.

Es urgente saber qué se hace con los recursos públicos y su impacto en la prensa de investigación en este país, concluyó Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA.

Desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ana Cristina Ruelas de Artículo 19 recordó que tras la adición al artículo 134 Constitucional, con el que se prohibía utilizar la publicidad gubernamental como un mecanismo de propaganda para entenderla como una comunicación constante entre ciudadanos y gobierno relacionada con la educación, protección civil, rendición de cuentas, derechos y obligaciones; se presentaron más de una decena de iniciativas del 2007 al 2014 que nunca fueron discutidas en ambas cámaras legislativas.

Está promesa se convierte en el compromiso 95 del Pacto por México en actual gobierno, que derivó en otras iniciativas que nunca fueron discutidas.

El amparo espera resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que el ministro José Ramón Cossio consideró que el amparo tenía la suficiente trascedencia para ser estudiado por la SCJN y es atraído por el máximo tribunal.

Ya en la SCJN, el proyecto de sentencia del ministro Arturo Saldívar es favorable para Artículo XIX porque considera que la agrupación tiene interés legítimo para impugnar la omisión legislativa que perpetra violaciones a la libertad de expresión, por un control indirecto sobre los medios de comunicación impactando en el derecho a la información de la sociedad.