Ley de Seguridad Interior no implica beneficios inmediatos: CNDH

Agencias. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que respeta la determinación tomada por el Ejecutivo Federal de no ejercer su atribución para formular observaciones a la Ley de Seguridad Interior; no obstante, lamentó que se dejara de lado la oportunidad de llevar a cabo un diálogo honesto, plural, incluyente e informado sobre dicho ordenamiento.

El organismo reiteró su convicción de que esta legislación posibilita que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, que se afecte el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre entidades, instituciones, órganos del Estado y Poderes, así como el que se apliquen condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana.

Agregó que la ambigüedad y generalidad de su redacción hace que en términos de su artículo segundo, la Ley pueda aplicarse, y promoverse la intervención de las Fuerzas Armadas, prácticamente respecto de cualquier tipo de actividad, en tanto la misma sea calificada de amenaza o riesgo a la Seguridad Interior, sin que existan parámetros para determinar objetivamente cuándo se afecta el desarrollo del país, el orden constitucional, el Estado de Derecho o la gobernabilidad democrática.

La CNDH subrayó que la Ley de Seguridad Interior no lleva implícito un beneficio inmediato para las personas, ni tampoco favorece de manera directa a las mujeres y hombres que, como elementos de las fuerzas armadas o policías arriesgan su integridad y vida para la defensa y protección de la sociedad.

Por el contrario, abre una ventana para que, al amparo de la ambigüedad, la opacidad y la falta de una debida y oportuna rendición de cuentas, se legitime una mayor intervención estatal en la esfera de garantías y libertades de las personas, así como para alterar el orden federal y democrático previsto por la Constitución.

Por lo anterior, el organismo reiteró que en el ámbito de sus atribuciones promoverá las acciones conducentes para prevenir que se violente el orden constitucional vigente y se vulneren los derechos humanos y confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercerá a cabalidad y con plena responsabilidad su función como garante máximo de la constitucionalidad en México.