Hay pocos avances para eliminar el outsourcing, consideran especialistas

Redacción. A pesar de que en 2012 se incorporó la subcontratación o outsourcing a la Ley Federal del Trabajo, no se han logrado grandes avances para reducir las malas prácticas, dijo Arleth Leal Meltlich, empresaria del sector de Recursos Humanos.

En entrevista a El Economista explicó que sólo el 10 por ciento de las empresas que se dedican a la subcontratación se encuentran en la formalidad y cumplen sus obligaciones patronales. Leal Meltlich dijo que de un registro de mil empresas, sólo 100 cumplen legalmente.

La mayoría de estas empresa de tercerización siguen evadiendo el pago de derechos de los trabajadores y evaden impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Esta polémica podría volver a surgir el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso, debido a que los senadores priistas Tereso Medina e Isaías González presentaron una iniciativa de reforma a la Ley del Trabajo.

Los legisladores proponen quitarle todos los candados al outsourcing, lo que provocaría que todos los empleados de una empresa sean subcontratados y obtengan la mínima prestación social.

Además contempla que la empresa de tercerización sea la que dé informes a la contratante, y no al revés como lo contempla actualmente la Ley.

El abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani explicó que aunque en 2012 se lograron avances con la ley para evitar el crecimiento de este tipo de empresas, aún “tenemos empresas que no tienen trabajadores. En el caso de los bancos, ninguno tiene trabajadores propios, todos son subcontratados y el problema con ello es que no se les pagan sus derechos laborales”.
Los artículos que los priistas promueven derogar es el 15-C que indica que la empresa contratista debe cerciorarse que la de outsourciong cumpla con las disposiciones en seguridad, salud y medio ambiente del trabajo.

Y el 15-D que no permite el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista para disminuir derechos laborales.

Con información de El Economista y Vanguardia