Revelan once casos de violaciones al territorio del agua en Puebla

Foto: Cortesía

Por: Wilmer Zárate

De acuerdo al Informe de Violaciones de Derechos Humanos al Territorio y al Agua en el Estado de Puebla, presentado en la Universidad Iberoamericana Puebla, reveló que Puebla registró  11 casos de violación al territorio del agua por megaproyectos en la Sierra Norte, Nororiental y Negra del Estado.

El informe realizado por la Mesa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ de la Universidad Iberoamericana de Puebla, dio a conocer que para el caso de Puebla, el informe albergó violaciones por los intentos de construir el libramiento norte Puebla-Tlaxcala y la explosión del ducto de Pemex en San Martín Texmelucan.

En su participación, Eduardo Morales Sierra, responsable del Programa DESCA, señaló que durante la gubernatura de Rafael Moreno Valle, defensores de Derechos Humanos enfrentaron intimidación, amenazas, hostigamiento, desapariciones forzadas y asesinatos por la oposición a la privatización del agua y al despojo.

“No creemos en el perdón, es por ello que instituciones y movimientos sociales del estado de Puebla, decidimos unir esfuerzos para documentar, a través de un informe, casos de violaciones a defensores de derechos humanos y levantar la voz para exigir justicia y castigo a los responsables”, aseguró.

Subrayó que el presente informe describe casos de violaciones al derecho al agua, medio ambiente y al territorio en los municipios indígenas de Tepatlán, Ahuacatlán, Ixtacamaxtitlán, Cuetzalan y Tetela de Ocampo, por la imposición de proyectos extractivos mineros e hidroeléctricos.

“Parte existencial del informe es la documentación de la criminalización a defensores en diferentes lugares del estado, siendo los casos más graves los asesinatos de los defensores Antonio esteban en 2014 y Manuel Gaspar en 2018 en el municipio de Cuetzalan”, informó.

En ese sentido, el informe exige a los gobiernos que inician su gestión, pongan un alto a la política de terrorismo de estado que ha imperado en los últimos años en Puebla. “Es su responsabilidad desarticular los mecanismos que han llevado a una sistemática violación de Derechos Humanos”.