Preocupan casos de abusos y trata contra indígenas potosinos

Notimex.- En esta entidad, seis de cada 100 habitantes son de origen indígena, de las etnias pame, náhuatl y tenek, que son llevados a otras ciudades para laborar en condiciones desventajosas en el campo o en empleos domésticos; pero los problemas mayores son los casos de trata y de prostitución.

El sector más afectado es el de las mujeres, ya que son llevadas como empleadas domésticas a la capital del estado, a las colonias más opulentas, donde se ven incluso limitadas en su libertad, así como a las grandes ciudades del país, como Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal.

Datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos indican que ya en esos lugares, redes de trata las convencen luego de cambiar de empleo y las obligan a dedicarse a la prostitución, sin que haya denuncias de por medio.

Una situación que, de acuerdo con Marc Dávila Harris, director de Educación de la CEDH en San Luis Potosí, provoca que indígenas, en su mayoría mujeres desaparezcan y no hay registro por la ausencia de denuncias, sobre todo por el desconocimiento que existe de la situación por parte de los familiares.

Refirió que los indígenas son “enganchados”, tanto en la huasteca como en la zona media de San Luis Potosí, donde hay una gran cantidad de turistas que los invitan a trabajar en sus casas, y aceptan, atraídos en su mayoría por conocer otros lugares.

Ahí reciben sueldos mínimos por jornadas de trabajo de más de ocho horas, sin días de descanso, en casas donde incluso hay situaciones de privación de la libertad, pues al no ser originarios de esa ciudad, los patrones impiden y retrasan la salida, bajo el argumento de que no tienen a quién visitar y menos en qué gastar su dinero.

De acuerdo con el director de Educación de la CEDH en San Luis Potosí, más de 90 por ciento de la mano de obra expulsada en territorio potosino, va hacia la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

En la capital de Nuevo León, las mujeres son llevadas a casas y luego con engaños a la Alameda de esta ciudad, para ser enganchadas y llevadas a trabajar como meseras en bares, con la promesa de que lograrán un mejor sueldo, sin embargo son obligadas a prostituirse, señaló.

En cuanto a las cifras por casos de prostitución, tanto la CEDH, el Consejo Estatal de Población, el Centro de Atención a Víctimas del Delito y el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, coinciden en que no existe un número exacto porque esa situación no se denuncia.

De acuerdo con Marc Dávila, los municipios con mayor expulsión de mano de obra doméstica en San Luis Potosí son San Antonio, Huehuetlán, Xilitla, Coxcatlán, Tamasopo, y Aquismón, entre otros, en los que tanto mujeres como hombres son llevados a otro lugares con la promesa de empleos bien remunerados.

Sobre el caso Maribel Vázquez, supervisora general del área de enlace de Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, señaló que lamentablemente es una situación que no ha sido estudiada.

Coincidió en que no se ha estudiado el caso debido a factores como la falta de denuncia y el tema de los usos y costumbres de las comunidades, así como por la falta de información que provocan situaciones graves, en los que la población indígena se ve afectada.

Ejemplificó con la denuncia por el delito de fraude presentada por una mujer en las instalaciones del DIF en uno de los municipios de la huasteca, el cual no fue revelado por las autoridades.

Al informarle que no era la instancia correspondiente para interponer la denuncia e investigar, resultó que la señora había vendido a su hija por 20 mil pesos a un hombre, que no era originario de la región, para que la pudiera hacer modelo, llevándosela y entregándole sólo 10 mil pesos de lo pactado.

Según Maribel Vázquez, dicha situación en la cual la madre no sabe que comete un delito, está separada por una línea muy delgada entre el tema de los usos y costumbres y la trata.

Hay quien ofrece lo que se conoce como “dote” para poder casarse con alguien de la misma comunidad, que es una situación normal entre la población indígena, refirió.

Sin embargo, consideró, para diferenciar la comisión de algún delito y lo que son usos y costumbres de este sector de la población, está la intención que hay detrás.

“Normalmente quien trata de abusar de las personas, no es originario del lugar e incluso se cuida de no ser muy visto y trata de aprovecharse; mientras que cuando es gente de la misma comunidad, no se tiene ninguna mala intención”, declaró.

Maribel Vázquez aseguró que no sólo las mujeres son víctimas de estos casos, aunque la modalidad es distinta, pues recordó el caso de jornaleros potosinos, quienes luego de recibir un préstamo fueron llevados al estado de Nayarit, para que pagaran con trabajo.

En ese estado fueron explotados bajo este argumento, pues los supuestos patrones cobran hospedaje, alimentación e intereses de la deuda, la cual se convierte en una carga interminable, que no permite que el jornalero termine de pagar el adeudo.

La titular del Consejo Estatal de Población (Coespo), Teresa Galicia, calificó como lamentable la situación que viven los indígenas en San Luis Potosí, pues más allá de los casos en los que son llevadas con engaños para fines de explotación, existen otros en los que no es así.

Se han documentado casos en los que en municipios de la huasteca, como es el caso de Xilitla, salen individuos a las calles con anuncios que solicitan mujeres para realizar trabajos que tienen que ver con la prostitución y en los que se anuncia el pago, que llega a ser incluso de dos pesos por cada media hora.

La funcionaria indicó que es un problema, pues las mujeres que aceptan el empleo saben a lo que van y cuál es el pago, generando una situación que impide actuar a las autoridades con severidad, pues la prostitución consentida no recibe igual castigo.

Ante la serie de casos que se registran en las comunidades indígenas potosinas, la titular del Coespo explicó que ya se trabaja en un diagnóstico en conjunto con distintas dependencias, para estudiar más a fondo la problemática.

Por su parte, la titular del Centro de Atención a Víctimas del Delito (Cavid) en San Luis Potosí, Martha Orta, aseguró que la dependencia no ha atendido un sólo caso de este tipo, lo cual se debe a la falta de denuncia y concientización que existe sobre el tema.

Aun hace falta trabajar en las leyes que castigan este tipo de situaciones pues, de inicio, es necesario armonizar las leyes que existen en los estados, con la ley federal, para así establecer criterios que castiguen de la misma manera delitos como la explotación y la trata de personas en el país, concluyó.