EL UNIVERSAL/ La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició la investigación contra el Ayuntamiento de Puebla por el presunto desalojo violento y detención de 63 integrantes del colectivo #YoSoy132, por lo que solicitó las grabaciones de las cámaras de videovigilancia que operan en el zócalo de esta ciudad para corroborar los hechos, informó Adolfo López Badillo, presidente del organismo.
Detalló que tras la denuncia de los jóvenes que fueron retirados la madrugada del 15 de septiembre del campamento pacífico que mantenían en la plaza pública, la CEDH pidió a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal los nombres de los encargados del operativo así como de los elementos que participaron.
Asimismo, señaló, requirieron los videos de las cámaras del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI), pues se especula que éstas fueron apagadas durante el despliegue de policías.
Manifestó que el órgano actuará con total imparcialidad a fin de detectar posibles vejaciones y, en su caso, emitir la recomendación pertinente.
“Estamos investigando la queja y solicitamos información a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con la finalidad de que informen cuál fue la actuación precisa de los elementos que llevaron a cabo la detención. Se pedirán las grabaciones del CERI, en medios se ventiló que ese día estaban apagadas pero debemos tener constancia”, expresó.
Precisamente sobre las quejas contra dependencias públicas, recordó que en el transcurso del año se han recibido mil 296 quejas principalmente contra el Ministerio Público (325), la Policía Ministerial (129), Policía Estatal (69) y Policía Municipal (56).
Sin embargo informó que únicamente se han emitido 21 recomendaciones puesto que algunas anomalías no están consideradas como violaciones graves.
“Cuando no se trata de violaciones graves se pueden emitir documentos jurídicos denominados conciliaciones, las graves son derecho a la vida e integridad de las personas, ahí es cuando sí se emite la recomendación”, concluyó.
Cabe recordar que la madrugada del 15 de septiembre, 63 jóvenes del #YoSoy132 fueron aprehendidos y dos personas más fueron hospitalizadas por lesiones.
Los activistas denunciaron exceso de la fuerza pública y diversas vejaciones por lo que incluso el secretario estatal de Gobierno, Fernando Manzanilla, se comprometió a iniciar una investigación para determinar si el ayuntamiento de Puebla y sus corporaciones policiacas incurrieron en violaciones a los derechos humanos.
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