Endurecerá estrategia gobierno para frenar soberanismo en Cataluña

Notimex.- El gobierno español cambiará totalmente la estrategia, a un tono más duro, para frenar el interés independentista del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, destacaron medios españoles.
El diario El País indicó que el gobierno había movido políticamente hasta el martes los pocos resortes que tenía para impedir que Mas “se lanzará en brazos” de Esquerra Republicana (ERC).

Sin embargo, consumado el acuerdo con compromiso incluido de elaborar una consulta en 2014 en pro de la independencia de esa zona de España, el Ejecutivo cambiará por completo la estrategia, abundó.

Aseveró que “de los buenos tonos de Mariano Rajoy en las últimas semanas se pasará a la línea marcada la víspera por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien afirmó que “la consulta no es legal, y el ordenamiento jurídico da muchos mecanismos para poder frenar cualquier ilegalidad”.

El País sostuvo que el gobierno tiene ya muy trabajado el mecanismo jurídico para frenar esa consulta y aunque el Ejecutivo sigue creyendo que finalmente nunca llegará a producirse, también está convencido de que sería relativamente simple parar la consulta con un recurso ante el Tribunal Constitucional.

La estrategia incluye primero recurrir la ley que CiU y ERC prometen aprobar, con la seguridad de que el Constitucional la frenaría, y si no se recurriría la propia consulta.

El diario ABC puntualizó por su parte que lo acordado entre CiU y ERC prevé la apertura de un “proceso de negociación y diálogo con el Estado español” que incluya “la opción de convocar un referéndum”, pero ese acuerdo no llegará.

Añadió que según la postura que el gobierno ha mantenido una y otra vez, parece evidente que no autorizará el referéndum soberanista.

Consideró que si Mas llega a consumar su desafío y convoca una consulta en 2014, que de acuerdo con lo planteado sería ilegal, podría ser acusado de un delito de desobediencia.

ABC hizo alusión al artículo 410.1 del Código Penal, el cual recoge que “las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior (…) incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.

Por tanto, resaltó el rotativo, el líder de CiU podría ser inhabilitado, tras señalar que las consecuencias de desafiar al Estado no acaban ahí y para ello está el artículo 155.1 de la Constitución española.

Éste cita que “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Para ejecutar esas medidas, tal y como apunta el artículo 155.2, el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas, por lo que el Ejecutivo podría incluso instar a Mas a abandonar su cargo, anotó.