Notimex. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Antonio Gaspar Beltrán, rechazó que los nombramientos de los nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE) fueron por acuerdos políticos-partidistas.
Aseguró que la convocatoria fue apegada a la legalidad y en consecuencia actuarán los nuevos magistrados del órgano electoral, quienes fueron designados por dos terceras partes del Poder Legislativo, ello con base al resultado de una convocatoria y mediante una evaluación.
Lo anterior, debido a la inconformidad de algunos diputados integrantes de la 60 Legislatura local, de que no se hizo valer la legalidad y que su designación fue por acuerdos políticos-partidistas, especialmente de dos magistrados, César Gustavo Ramos Castro y Arturo Pacheco Bedolla.
Gaspar Beltrán dijo que la evaluación fue un requisito para los aspirantes; pero no se estableció que forzosamente quien ocupaba el primer lugar en la lista de los resultados, tenía garantizado el espacio, finalmente era una facultad de los legisladores locales.
Consideró que en ningún momento en la sesión para elegir y tomar protesta a los magistrados, se evidenció la decisión de imponerlos con políticos-partidistas, “cada quien ve lo que desea ver, en la legislatura tenemos la capacidad de mantener consensos y sacar acuerdos por el bien del estado”.
La convocatoria para los nuevos magistrados del Tribunal Electoral del estado es que lleven a cabo su labor con profesionalismo, con imparcialidad y con apego a la legalidad para dirimir las controversias en materia electoral.
Los ex consejeros del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG) César Gustavo Ramos Castro, Arturo Pacheco Bedolla, Emiliano Lozano Cruz y José Inés Betancuort Salgado fueron designado como magistrados numerarios, además de la ex consejera del Instituto Federal Electoral, Hilda Rosa Delgado Brito.
En la sesión de la madrugada del pasado jueves también fueron designados como magistrados supernumerarios Arturo Solís Felipe y René Patrón Muñoz. Los profesionistas fueron electos tras una evaluación hecha por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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