Notimex.- La nueva legislación en materia de amparo coloca a México a la vanguardia en el marco de la protección de las garantías y los derechos humanos por parte del Estado, aseveró el diputado federal Miguel Angel Aguayo López.
El legislador priista planteó que, no obstante, “todas estas virtudes de la nueva ley no tendrían sentido si no pensamos en el ciudadano, en la persona que va a utilizar esa herramienta”.
Subrayó que por ese motivo la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados tuvo al ciudadano como centro de sus trabajos, antes de dialogar para concretar un instrumento legal abstracto.
Destacó que las modificaciones a las leyes impulsadas a partir de la reforma política del Estado trajeron consigo cambios al capítulo I de la Constitución, mediante los cuales se introdujo al sistema jurídico los derechos humanos como una realidad del derecho positivo mexicano.
Asimismo, agregó, el 6 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Carta Magna.
Aguayo López recordó que esa acción tuvo como propósito reformar el medio de defensa de la Constitución por excelencia: el juicio de amparo, y adecuar el entramado jurídico para que de forma subsecuente se hicieran las modificaciones pertinentes en la ley secundaria.
Entre esas modificaciones el diputado hizo énfasis en la ampliación de la protección constitucional en materia de derechos humanos.
Refirió que la anterior Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, se publicó en el Diario Oficial el 10 de enero de 1936 y tuvo su última reforma el 24 de junio de 2011 que, dijo, no fue trascendental ni obedeció a la reforma constitucional realizada al medio de defensa de la Constitución.
“Contábamos con una legislación en materia de amparo con 76 años de antigüedad, la cual era insuficiente para enfrentar nuestra nueva realidad social en el ámbito jurídico en la protección de los derechos de los gobernados”, externó.
Remarcó que por ese motivo era de suma relevancia de que se discutiera y dictaminara la reforma de la Ley de Amparo, con el fin de dotarla de herramientas jurídicas actuales que respondan a la realidad social en la impartición de justicia.
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