Notimex.- La designación del argentino Papa Francisco reabrió aquí el debate sobre el papel que la Iglesia católica jugó en la dictadura militar (1976-1983), ya que a su jerarquía siempre se le acusó de complicidad con los represores.
En cuanto El Vaticano sorprendió al mundo el pasado 13 de marzo al anunciar que el nuevo Papa era un argentino, en este país se levantaron voces a favor y en contra relacionadas con su actividad durante el régimen militar.
El cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, declaró como testigo en dos juicios por crímenes cometidos en dictadura, pero nunca fue acusado formalmente de un delito, pese a las sospechas porque en esa época era superior provincial de la Compañía de Jesús.
Un cura jesuita que murió en 2000, Orlando Yorio, responsabilizó siempre a Bergoglio del secuestro que sufrió junto a otro cura de la misma orden, Francisco Jalics, entre mayo y octubre de 1976, apenas iniciada la dictadura argentina.
El miércoles pasado, Jalics emitió un comunicado desde Alemania, donde reside, para aclarar que al principio tuvo sospechas sobre la actuación de Bergoglio, pero luego las eliminó y se reconcilió con él, convencido que nada tuvo que ver con su captura.
Más allá de la actuación individual de Bergoglio, a 37 años del golpe militar sigue sin aclararse la complicidad de la Iglesia católica con dictadores que cometieron crímenes de lesa humanidad, pero que como católicos eran apoyados por la jerarquía eclesiástica.
El debate se contaminó políticamente, ya que hasta el momento de su designación como Papa el cardenal argentino mantenía un enfrentamiento con la presidenta Cristina Fernández, así que los sectores oficialistas lo denostaron de inmediato.
Con el paso de los días, sin embargo, la tensa relación que habían mantenido Bergoglio y la mandataria se esfumó con la visita de ella a El Vaticano, lo cual se tradujo en un brusco cambio de posición de dirigentes y simpatizantes del gobierno en favor del nuevo Papa.
“Bergoglio pertenece y hoy representa a esa iglesia que oscureció al país”, denunció, por ejemplo, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, la organización que desde fines de los 70 busca a sus nietos nacidos en los centros clandestinos de detención.
Hebe de Bonafini, dirigente de Madres de Plaza de Mayo, afirmó el día del nombramiento del Papa que “hicimos una lista de 150 sacerdotes asesinados por la dictadura que la iglesia oficial calló y nunca reclamó por ellos”.
A 10 días de la designación de Francisco, ambas líderes emblemáticas acallaron sus críticas y De Bonafini incluso le envió una carta al Papa para contarle que desconocía su trabajo pastoral, su entrega y trabajo en las ciudades perdidas.
“Me alegro infinitamente al saber de su trabajo y siento esperanzas de un cambio en El Vaticano”, dijo De Bonafini, mientras que De Carlotto advirtió que no hablará más del Papa, ya que las Abuelas “tenemos el corazón y los brazos abiertos para escuchar”.
A diferencia de ellas, el premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, descartó la complicidad del Papa con la dictadura, aunque advirtió que “le faltó coraje para acompañar nuestra lucha por los derechos humanos en los momentos más difíciles”.
El premio Nobel aclaró que “los integrantes de la Iglesia católica no tuvieron actitudes homogéneas. Es indiscutible que hubo complicidades de buena parte de la jerarquía eclesial en el genocidio”.
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