Prensa Latina.- Unas 350 mil demandas colectivas fueron interpuestas contra la reforma educativa mexicana por profesores, normalistas y padres de alumnos de la enseñanza primaria y secundaria, trascendió hoy aquí.
El plazo de 30 días concedido por el Poder Judicial Estatal para la presentación de amparos venció la víspera y algunas fuentes indican que el 99 por ciento de los amparos solicitados han sido concedidos.
Según dijo al periódico La Jornada el abogado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Eduardo Pérez Saucedo, los maestros y alumnos, alegando su interés legítimo, han quedado provisionalmente protegidos contra los efectos de la reforma.
El último día del plazo unos 50 mil maestros de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, estado de México y Sinaloa firmaron y presentaron sus peticiones de amparo, dijo Pérez Saucedo.
Muchas de las peticiones de protección de alumnos y normalistas están contra la reforma al artículo 73 de la Constitución que implica la autonomía de gestión, por lo cual padres de familia, alumnos y maestros compren lo necesario del mobiliario de las escuelas públicas.
Para ellos esa disposición contraviene lo dispuesto en el artículo tercero de la Carta Magna que refrenda la gratuidad de los servicios educativos públicos.
Los maestros inconformes rechazan la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto porque abre la puerta a la privatización de la educación pública, y ello viola el artículo tercero constitucional, declaró Pérez Saucedo al diario La Jornada.
En algunos estados, como el sureño Guerrero, el poder legislativo avalúa las propuestas del magisterio, inconforme con las modificaciones a la ley en términos de evaluaciones del desempeño y también en defensa de una educación gratuita.
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