Notimex.- El procurador agrario, Cruz López Aguilar, solicitó que ante las elecciones del próximo 7 de julio en 14 estados, los servidores públicos se apeguen a las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
En un mensaje emitido vía Internet, el funcionario federal señaló en especial a delegados, subdelegados, jefes de departamento, jefes de residencia, visitadores y abogados agrarios que desarrollan su actividad en las entidades donde habrá comicios.
El exhorto lo dirige en especial a los servidores públicos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
En el mensaje a toda la estructura territorial con motivo de la sesión de trabajos de los Consejos Técnicos Estatales los pasados días 6 y 7 de junio, recalcó los objetivos que debe perseguir el sector agrario.
Puntualizó que se debe contribuir al ordenamiento sustentable del territorio, impulsar el desarrollo regional urbano, metropolitano y de vivienda, otorgar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra y fomentar la productividad en el sector agroalimentario.
“Son tareas sustantivas de las instituciones del sector agrario federal, que habrán de impulsarse y fortalecerse día con día a lo largo de la presente Administración”, advirtió el titular de la Procuraduría Agraria.
López Aguilar enfatizó los alcances del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que presentó el presidente Enrique Peña Nieto, y puntualizó que ese instrumento contempla acciones estratégicas en favor de los sujetos agrarios y de la sociedad rural en su conjunto.
Destacó la puesta en marcha del programa Fondo de Apoyo a Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), a cargo del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, con el de Fomento a la Inversión en la Propiedad Rural (FIP) del gobierno de la República.
Este programa que se llevará a cabo a través del sector agrario, pretende dar certeza jurídica a la propiedad social y crear esquemas asociativos “que generen empleos, ingresos y bienestar para las familias del medio rural, mediante contratos que beneficien a los campesinos”.
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