Notimex.- La Secretaría de Gobernación dio a conocer la estrategia para la implementación de la reforma Constitucional en materia de derechos humanos, a dos años de la entrada en vigor y cuyos principios serán la base sobre la que se construirá la Política de Estado en ese rubro.
Precisó que a fin de lograr la participación de la ciudadanía en el proceso, se conformará un Consejo Ciudadano para la Implementación de la Reforma, como órgano deliberativo cuyo objetivo será coadyuvar en la definición de los alcances y la metodología a seguir en este proceso.
En un comunicado, la dependencia señaló que la subsecretaria de Derechos Humanos de la Segob, Lía Limón, reiteró el compromiso del gobierno de la república de llevar a cabo acciones para cumplir a cabalidad con el mandato constitucional e impulsar la implementación de dicha reforma.
Uno de los compromisos del Pacto por México fue crear una instancia federal que permita dar seguimiento a la instrumentación de la dicha reforma.
Limón García recordó que la Secretaría de Gobernación da seguimiento puntual a la implementación de la reforma constitucional a través de la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos, responsable de coordinar los esfuerzos de las distintas autoridades durante el proceso.
Mencionó que la estrategia se basa en los lineamientos de Base para la Política de Estado, es decir, el Programa Nacional de Derechos Humanos incluirá como una de sus líneas estratégicas fundamentales la implementación de la reforma.
Además, los trabajos de implementación de la reforma tendrán como estrategia central la integralidad, de forma que a través de mecanismos de coordinación y de colaboración involucre a todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno del país.
Un punto central será que en el proceso de implementación deberá contarse con la colaboración de la sociedad civil, en un marco de permanente corresponsabilidad.
De igual forma, se deberá elaborar un documento de evaluación sobre el avance de la aplicación de la reforma en los dos primeros años de su promulgación, para definir el curso de las acciones a futuro.
Se deberá impulsar además un proceso permanente de capacitación a sus funcionarios y a los servidores públicos de la Administración Federal, sobre las obligaciones derivadas del nuevo marco constitucional.
Asimismo, se establecerán mecanismos de colaboración con las autoridades de las entidades federativas para contribuir a los procesos de capacitación que éstas lleven a cabo.
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